No es que acudir al FMI sea lo más recomendable, pero tampoco se ha visto al Gobierno de Arce haciendo demasiados esfuerzos para que no sea así. Es decir, ¿el gobierno de Arce no quiere tener que pedir financiamiento al FMI, o es que no puede hacerlo?

A pesar de que el FMI ha realizado un diagnóstico y planteado unas sugerencias sobre la economía de Bolivia para encarar la crisis, se ha limitado a lo que tradicionalmente hace, primero como sugerencia, y luego, si acaso existe un contrato explícito de financiamiento, como exigencia: reducir el déficit fiscal y la deuda, reorientar el gasto público, reducir los subsidios a las empresas estatales, etc.

Sin embargo, aunque se podría decir que las negociaciones que el Gobierno de Arce podría estar llevando adelante con el Fondo se encuentran en etapas todavía muy iniciales -por eso el tono aún benévolo en su informe-, eventualmente habrá que abordar una tarea pendiente muy importante que Bolivia ha eludido al menos desde 2014, y que, por tanto, ahora podría costarle muy caro al Gobierno de Arce.

El 6 de mayo de 2014, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) anunció que 47 países -entre los que se encuentran los principales centros financieros del mundo- firmaron un acuerdo intergubernamental por el que se comprometen a adoptar un mecanismo de intercambio automático de información financiera y fiscal, mejor conocido como Common Reporting Standard (o simplemente “CRS”), para, básicamente, evitar la evasión fiscal en países de alta tributación, pero sobre todo en países que cuentan con un sistema impositivo neutro o territorial, y de baja tributación.

De acuerdo al CRS, los bancos y otras instituciones financieras recopilan información sobre las cuentas de residentes fiscales extranjeros, y la comparten con las autoridades fiscales extranjeras.

Con el paso del tiempo, la gran mayoría de países alrededor del globo, incluyendo algunos como Mónaco, Bermuda y hasta la injustamente estigmatizada Panamá, terminaron firmando este acuerdo e implementando estos mecanismos, a excepción de unos pocos como Venezuela, Nicaragua y, desde luego, Bolivia.

Pero es curiosa la manera en que el mundo da vueltas. A fines de 2020 el Gobierno de Arce decidió crear el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) para recaudar apenas unos 14 millones de dólares, y mediante el cual se aspira a cobrar impuestos de manera extraterritorial.

Sin embargo -y aquí es donde se presenta la mayor paradoja y el próximo gran desafío para Arce-, más allá de que realmente pueda aplicar impuestos fuera de Bolivia, el país cuenta con un sistema fiscal territorial como el de Panamá, y a cambio del financiamiento del FMI, éste le podría exigir al gobierno de Arce que firme el acuerdo el CRS para incluso terminar de reformar su sistema tributario hasta que se parezca lo más posible a uno de tipo mundial.

Entonces, nuevamente: ¿por qué Arce no ha firmado antes el CRS si hoy pretende cobrar impuestos más allá de las fronteras del país que gobierna con el IGF? Si realmente necesita el financiamiento del FMI, es altamente probable que éste le exija no sólo ajustes y reformas, sino además firmar el CRS de la OCDE, con lo cual, tanto la OCDE como EEUU sabrían qué especímenes del eje político internacional al que pertenece.

Con la pandemia y los confinamientos masivos y forzosos del último año, la gran mayoría de países han incurrido en un nivel de gasto, acumulación de déficit y deuda, que ahora pretenden no sólo incrementar impuestos a niveles récord, sino además imponer un sistema de armonización fiscal global mucho mayor al que pretendían con el CRS de 2014, de tal manera que retomarán este proyecto que había quedado a medidas desde las reformas fiscal de Donald Trump en 2018, que iban en el sentido contrario.

Firmar un acuerdo con el FMI y, por tanto, adoptar el CRS de la OCDE, implica abrir una caja de Pandora en Bolivia de la cual saldrían todos los males posibles por los que no sólo Arce, sino Morales y el conjunto del Movimiento al Socialismo (MAS) y sus socios, montan desesperadamente el circo y narrativa mentirosa del golpe de Estado de 2019 en el que involucran como adversarios políticos -cuando enemigos- a la Iglesia Católica, la Organización de Estados Americanos y todo aquel que se le cruce en su camino hacia el control del poder absoluto en Bolivia.

Si acaso el Gobierno de Arce está realmente en tratativas con el FMI, el intercambio de información financiera y fiscal con el cártel impositivo de la OCDE podría ser uno de los aspectos que representen el mayor desafío para el país, pero si por casualidad no lo está, es muy probable -si no con seguridad- que sea por no verse obligado a comprometer los secretos mejor guardados de la extrema izquierda y sus mayores socios en la región.

¿Será que existen secretos que implican mayores riesgos para Arce Catacora, el MAS y sus socios frente a EEUU y los países de la OCDE, que los riesgos que representa el no contar con financiamiento de corto plazo de al menos 3.000 millones de dólares para la economía y el sistema bancario y financiero?

De hecho, la posible punta del ovillo podría haber sido encontrada ya cuando EEUU impuso sanciones contra Bandes de Venezuela en sus filiales de Uruguay y Bolivia en 2019.

Solamente resta que el tiempo haga su trabajo. En el entretanto, el país seguirá siendo testigo perplejo de la improvisada administración de las reservas internacionales para evitar eventualidades con el actual régimen de tipo de cambio.

Columna originalmente publicada en La Gaceta de la Iberosfera, el 28 de junio de 2021.