El régimen de Arce Catacora está intensificando el avance del totalitarismo a una velocidad cada vez mayor, promulgando una serie de leyes que el Movimiento al Socialismo (MAS) tenía pensado aplicar al menos desde la Asamblea Constituyente de 2006, y que, probablemente desde la caída de Evo Morales en 2019, les sea urgente aplicar para reunificar al partido y nunca más cometer errores que los alejen del poder, ni siquiera por apenas once meses.
Entre los proyectos de ley que se busca aprobar, está la Ley de Fortalecimiento de la Lucha Contra la Corrupción que, de acuerdo con el periodista Carlos Valverde, pretende cambiar al menos 20 artículos del Código Penal, que introduce responsabilidad penal para personas jurídicas, o el traspaso de la Fundación sin fines de lucro que apoya al desarrollo empresarial y opera el Registro de Comercio de Bolivia (Fundempresa) a la administración del Estado.
Pero probablemente el proyecto de ley más peligroso ahora mismo es el de la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados.
Entre los 57 artículos de este proyecto de ley, los que más llaman la atención y generan polémica, son el 11 y el 17.
El artículo 11 expresa en el apartado de Exención de Secreto o Confidencialidad: “No se podrá invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comercial, tributario económico, notarial, registro civil, derechos reales, profesionales u otro, cuando la UIF requiera información en el marco de sus atribuciones”.
Claramente, esto impide a los periodistas guardar reserva sobre sus fuentes de información, pone en riesgo el secreto profesional de la prensa, y va en contra de la Constitución y la Ley de Imprenta.
El artículo 17, que hace referencia al “sujeto obligado” a dar información, expresa que “toda persona natural o jurídica, pública o privada, del sistema financiero nacional, mercado de valores, seguros, pensiones, notarios de fe pública, abogados, contadores, juegos de azar o casinos, actividades comerciales, registro de comercio, control físico transfronterizo de divisas y otros”.
De esta manera, y como advierte la oposición, este proyecto de ley convierte a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en un instrumento de persecución política, y tiene toda una serie de repercusiones de gran magnitud.
La posición del régimen de Arce al respecto
Ana María Morales, directora de la UIF, sostuvo que la “Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas “no afecta la labor periodística”.
En un comunicado oficial reciente, la UIF manifiesta: “La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) manifiesta enfáticamente que el Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, no vulnera la Constitución Política del Estado, ni contiene disposiciones que afecten la libertad de expresión, la labor periodística, ni incurre en censura previa”.
Y luego agrega: “En ese sentido, debe aclararse que el Artículo 11 del Proyecto de Ley, antes citado, es aplicable solo y exclusivamente a los denominados Sujetos Obligados y aquellos que tienen el deber de informar en virtud a las actividades que desarrollan; entre los cuales no se encuentran periodistas ni medios de comunicación”.
Igualmente, Ivette Espinoza, Viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, aclaró: “Corresponde aclarar que el Artículo 11 del Proyecto de Ley, es aplicable solo a los denominados Sujetos Obligados, entendiéndose a estos como aquella persona natural o jurídica que forma parte del sistema preventivo del Estado y que por mandato de la norma, debe informar a la UIF probables operaciones vinculadas a Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, de esta manera, este Sujeto Obligado coadyuva a la labor de las autoridades competentes de prevenir y combatir estos delitos”.
La oposición se declara en emergencia
La bancada opositora de Creemos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) convocó a una rueda de prensa para dar a conocer un comunicado que, entre otros aspectos, dice: “Advertimos que el Órgano Legislativo no puede frenar estas leyes injustas, porque, hoy por hoy, ha sido recortado en sus derechos al haber eliminado los dos tercios. Será la sociedad civil organizada, entonces, la que debe generar las gestiones y reclamos necesarios para no dejar que este proyecto dictatorial y totalitario se consolide con la consecuente destrucción de Derechos Humanos, sociales y económicos, que trae aparejado”.
Por su lado, Carlos Alarcón, jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en la Cámara de Diputados, sostuvo en otra rueda de prensa: “Esta ley es uno de los peldaños importantes para la construcción del Estado policiaco que intenta el gobierno del MAS, donde la represión constituye la regla y el ejercicio de los derechos la excepción, conlleva un gravísimo riesgo para las actividades financieras, comerciales y civiles por los poderes extraordinarios de investigación y/o sanción que confiere a la UIF, Fiscalía, Ministerio de Justicia y Procuraduría General del Estado, que actúan como agentes de represión del Estado al servicio de intereses y móviles políticos”.
De igual manera, Alarcón también advirtió: “(La Ley) conlleva un grandísimo riesgo para las actividades financieras, comerciales y civiles por los poderes extraordinarios de investigación y/o sanción que confiere a la UIF, Fiscalía, Ministerio de Justicia y PGE, que actúan como agentes de represión de Estado al servicio de intereses y móviles políticos”.
¿Por qué no se firman aún los Acuerdos Intergubernamentales con la OCDE?
El régimen de Arce alardea sobre la idea de que su proyecto de Ley Contra Ganancias Ilícitas respeta y es congruente con los estándares internacionales en la materia. Sin embargo, llama la atención que, desde 2016, Bolivia sea uno de los pocos países en el mundo que no se encuentra en la lista de signatarios para el intercambio automático de información financiera y fiscal con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La oposición en Bolivia tampoco lo ha advertido, y el motivo por el que no lo ha hecho aún podría ser otro buen punto de arranque para discutir los detalles, los objetivos y el espíritu de esta ley.
Por el momento son distintos sectores como los comités cívicos, trabajadores y asociaciones de la prensa, y políticos de oposición, que se han declarado en emergencia y aguardan por distintas reuniones a nivel nacional en los próximos días para tomar determinaciones.
