Bolivia vuelve a vivir días de mucha tensión luego de un año con el socialista Luis Arce Catacora en el máximo cargo del país. Pero lejos de celebrar el hecho, son mayores los motivos para afirmar que la incertidumbre sobre el futuro del país en el corto plazo empieza a incrementarse.
Este lunes 11 de octubre fue una jornada caracterizada por un paro cívico nacional convocado por distintos frentes opositores motivados por distintas exigencias específicas -como la anulación del proyecto de Ley de Ganancias Ilícitas-, pero que, a fin de cuentas, los une toda la serie de atropellos a la institucionalidad democrática del régimen de Arce.
El paro en una ciudad como La Paz no fue suficientemente contundente por tratarse, sobre todo, de la sede de gobierno. Muchos manifestantes pacíficos, mujeres en su mayoría, fueron duramente reprimidos por la policía y agredidos a golpes por grupos afines al Movimiento al Socialismo (MAS).
Al respecto, Iván Arias, alcalde opositor de La Paz, manifestó: “Lo triste es la violencia con la que se mueven grupos de paramilitares del MAS que con acciones violentas agreden a mujeres. ¿Dónde está la Defensora del Pueblo? Ayer (lunes), mujeres, una joven que estaba con su perrito, por solo tener barbijo rojo, amarillo y verde, paramilitares la atacaron” ¿Dónde está la defensora del Pueblo? ¿Va iniciar un proceso? ¿Va investigar?”.
Sin embargo, y como era de esperarse, el paro cívico tuvo su mayor impacto en la ciudad de Santa Cruz. Por un lado, Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, sostuvo: “En este día les hemos vuelto a demostrar a los abusivos del gobierno central que enfrente tienen un pueblo más firme que nunca para defender la libertad y la democracia”.
Calvo además agregó: “Presidente Luis Arce, no cometa los mismos errores de tu jefe Evo Morales. La manifestación ciudadana de hoy es una llamada para hacerle recordar que ni usted ni su partido son los dueños de Bolivia. Este contundente paro ratifica nuestra decisión: no queremos esa ley comunista de Legitimación de Ganancias Ilícitas, porque atenta contra todos los ciudadanos. Exigimos su anulación inmediata, así como las otras normas abusivas copiadas de los regímenes de Cuba y Venezuela”.
Finalmente, en la reunión entre gremiales y cívicos sobre el final del día, se resolvió: “La última resolución que sacó la confederación gremial, da 72 horas para que el Gobierno abrogue estas leyes malditas. 72 horas tiene el Gobierno para dar una respuesta, si no va a tener un pueblo otra vez en las calles por 48 horas”.
A esta convocatoria asistieron los gremiales, la marcha indígena del oriente, cooperativistas, entre otros. Pero algo a destacar fue el hecho de que, de manera pertinente y pocas veces vista en los últimos años, tanto los partidos de oposición como activistas defensores de derechos humanos y plataformas ciudadanas, decidieron reunirse al finalizar la jornada de huelga para recordar el paso de 39 desde que Bolivia recuperó la democracia.
En esta reunión estuvieron los ex presidentes Jorge Tuto Quiroga y Carlos Mesa, asambleístas de Creemos, dirigentes del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), y Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).
En el acto en la sede de la APDHB se pronunciaron distintos discursos, aunque todos enfocados en exigir al régimen de Arce Catacora que abandone la política de persecución y violación a derechos humanos, a la vez que remarcaron el hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) haya afirmado contundentemente que la reelección indefinida no constituye derecho humano alguno, que la expresidenta Jeanine Áñez asumió el cargo por sucesión constitucional, y que, por tanto, debe ser liberada inmediatamente.
Asimismo, a las iniciativas contra las medidas de Arce, se sumaron los transportistas de la ciudad de El Alto y la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia (Concobol). Braulio Arguedas, dirigente de estos últimos, advirtió: “No entendemos qué es lo que está pasando con este Gobierno, porque está aprobando leyes que van contra los intereses de los movimientos sociales que lo llevaron al poder. O reflexionamos, presidente (Arce) y gabinete, para hacer leyes consensuadas, o nos vamos a ver en las calles, en las luchas, y ahí vamos a ver quién gana”.
Arguedas además cuestionó: «Por qué no pone una ley específica para que los cocaleros paguen impuestos y se les arrebate (sus) fortunas qué lo mantienen de forma ilegal por el narcotráfico».
En el mismo sentido, Víctor Tarqui, dirigente de los transportistas, fue desafiante: “Nos hemos declarado en emergencia rechazando contundentemente este anteproyecto de ley porque es totalmente atentatorio, ya hay leyes contra los narcotraficantes y con el lavado de dinero, absolutamente todas las leyes y no nos pueden engañar”.
Los transportistas y la Concobol dieron un plazo de 72 horas al régimen de Arce para anular el proyecto de Ley de Ganancias Ilícitas.
Por su lado, tanto el régimen de Arce como desde el MAS calificaron el paro cívico como un fracaso, y tan pronto como al día siguiente, convocaron reuniones simultáneas en distintas ciudades del país, una iniciativa denominada como “wiphalazo”.
En las actividades del “wiphalazo” de este martes, Arce Catacora advirtió a la «derecha golpista»: “Nuestro triunfo fue contundente en las urnas con más del 55%, no quieren respetar. Lo que no ganan en las urnas quieren ganarlo a través de otros mecanismos antidemocráticos. Los que decían defender la democracia hoy se oponen a respetar la mayoría popular, pero tenemos un pueblo que va hacer respetar su voto popular en las calles. Si no quieren respetar en las urnas, nos vamos a hacer respetar en las calles”.
Claramente los conflictos en Bolivia están lejos de terminar. Puede que el tratamiento del proyecto de Ley de Ganancias Ilícitas se encuentre “congelado” en la Cámara de Senadores. Sin embargo, aunque fuera abrogado, la ciudadanía en Bolivia ha entendido claramente que no quiere socialismo.
El espíritu de la Ley de Ganancias Ilícitas es exactamente el mismo del Código Penal que Evo Morales pretendía promulgar entre 2017 y 2018, y que el conjunto de la ciudadanía, bajo el liderazgo de los médicos, lograron detener luego de 47 días de huelga continua en las calles.
Ayer fue el Código Penal, hoy es la Ley de Ganancias Ilícitas, y mañana será cualquier otro proyecto. Todo con el objetivo de implementar, de una u otra manera, y tal como advierte el Comité Pro Santa Cruz, el socialismo cubano y venezolano en Bolivia, pero la resistencia de la ciudadanía se mantiene.
