El abogado estadounidense Thomas Becker informó que el gobierno de EEUU pidió a Bolivia que desmantele los grupos de seguridad paraestatales, como los motoqueros, quienes amenazaron a activistas que piden investigar denuncias de un segundo intento de golpe de Estado en el país e indagar el caso «Pandora Papers”, capítulo boliviano.
“Esto es grande: en una carta al gobierno boliviano, el gobierno de EE.UU. ha reconocido el peligro de grupos paraestatales como los motoqueros y ha pedido explícitamente que sean desmantelados como han sugerido el GIEI y el presidente Arce”, indicó en su cuenta de Twitter.
El mensaje está acompañado de una carta firmada por la encargada de Negocios de EEUU, Charisse Phillips, con fecha 15 de octubre de 2021, dirigida al viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox.
“Ha llegado a mi conocimiento que la Sra. Kathryn Ledebur, activista de derechos humanos y directora de la Red Andina de Información, ha estado recibiendo amenazas a su integridad física por parte de grupos de seguridad paraestatales violentos. Otras personas estadounidenses también han sido amenazadas por su trabajo en derechos humanos”, indicó la misiva.
En la carta, Phillips recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) expresó en su informe de la violencia y muertes en 2019 “la naturaleza de riesgo que representan los grupos de seguridad paraestatales en la sociedad” y recordó que el presidente Luis Arce “también ha manifestado su plan para desmantelar dichos grupos”.
“Le pido al Gobierno que implemente plenamente las recomendaciones del GIEI y garantice la seguridad de todos los defensores de derechos humanos”, expresó la diplomática, quien pidió medidas inmediatas para la protección de Ledebur.
Recientemente, Ledebur, dijo que el envío de mercenarios para desestabilizar gobiernos progresistas es un “patrón” que antes se dio en Venezuela y después se intentó en Bolivia, por lo que estos hechos deberían ser investigados en el país y en EEUU.
De esa manera se refirió a las denuncias publicadas en la revista The Intercept, de Estados Unidos que revelaron que Bolivia estuvo al borde de un nuevo golpe de Estado y una invasión armada de mercenarios estadounidenses tras la victoria electoral del presidente Luis Arce, en octubre de 2020.
Según la publicación, que incluye grabaciones, a partir de audios y correos electrónicos interceptados, el exministro de Defensa del régimen de Jeanine Áñez, Luis Fernando López, lideró las gestiones para desatar una nueva interrupción violenta de la democracia boliviana.
El 5 de octubre de 2021, Ledebur pidió investigar a los implicados en el caso «Pandora Papers», para que los flujos ilícitos e indebidos de dinero que salieron del país no queden en la impunidad, porque son delitos graves.
“Vemos que hay flujos ilícitos e indebidos de dinero que sale de Bolivia, dinero mal habido o probablemente mal invertido después. Son todos casos clave que tienen que ser investigados, tiene que haber la nueva legislación, tiene que haber transparencia y no puede haber impunidad para estos delitos graves”, manifestó entonces en Bolivia Tv.
Ledebur recordó que la primera información difundida sobre el tema identificó a tres políticos bolivianos, entre ellos el exministro de Economía, Branko Marinkovic; el exministro de Energía, Fernando illanes; y el excónsul de Bolivia en Brasil, Pedro Jaime Valdivia.
Sin embargo, mencionó que el total de los involucrados nombrados en los Pandora Papers son 293, pero aún sus nombres y sus relaciones no fueron reveladas.
“Necesitamos identificar claramente los 12 intermediarios y cuatro bufetes (de abogados) clave”, agregó.
La directora de la Red Andina de Información dijo entonces que se precisa que la población identifique los vínculos de los implicados, por lo que será necesario analizar la información que esté disponible, ya que se cuenta con 12 millones de documentos.
Fuente: ABI