El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que las autoridades competentes investigan a quienes gestionaron, se reunieron y pagaron a mercenarios que en 2020 planificaron atentar contra la vida del entonces candidato presidencial Luis Arce.
El Ministro, entrevistado en el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv, indicó que por el momento no se revelará la identidad de las personas involucradas a la espera que los operadores de justicia emitan las citaciones correspondientes.
Al respecto, el Gobierno nacional accedió a audios, modelos de contratos y correos electrónicos que atribuyen al exministro de Defensa de Jeanine Áñez, Fernando López Julio , con el plan de desestabilización e intento de magnicidio de Luis Arce.
“La principal persona investigada en este lamentable hecho es el señor J.E.P. una persona que actualmente se encuentra recluida en el penal de Chonchocoro. También está siendo investigado un exagente militar boliviano, Luis Suárez. También están siendo investigadas aquellas personas que compraron los pasajes, aquellas personas que pagaron los hoteles”, indicó.
Agregó que las autoridades competentes también investigan “a aquellos altos funcionarios del gobierno de facto que se reunieron con estos mercenarios en el departamento de Santa Cruz. Están plenamente identificadas, pero no podemos dar mayores elementos para evitar que estas personas se fuguen”.
Recordó que la denuncia fue presentada en julio y que ahora se aguardan los tiempos judiciales para que se emitan las citaciones y, si corresponde, los mandamientos de aprehensión.
El MInistro aseveró que acorde con una serie de audios publicados por el portal The Intercept se pudo verificar un plan de magnicidio en Bolivia, donde el exministro de Defensa de Jeanine Áñez, Fernando López, está involucrado por negociar con una persona de iniciales J. E. P. el contrato de sicarios con experiencia en conflictos bélicos y operaciones militares.
El objetivo de las conversaciones entre ambos era ejecutar un plan que acabara con la vida de Luis Arce.
Según las investigaciones realizadas, se tuvo acceso a correos electrónicos donde J.E.P. utilizaba un alias, “Susan Peterson”, nombre con el que efectuaba tratos con varias empresas dedicadas a prestar servicios vinculados con acciones irregulares como la reconocida Blackwater, corporación militar privada estadounidense que aglutina mercenarios especializados en operaciones de guerra.
Se supo que, a través de otro involucrado de nombre Joe Pereira, se esperaba contar con la presencia de 300 sicarios en Bolivia con el objetivo de crear un clima de terror y convulsión. En un audio, se pudo corroborar una solicitud de contar con hasta 10.000 hombres, en caso de ser necesario. En una carta interceptada de J.E.P. se evidenció la intención de contratar a paramilitares que operen en el territorio nacional otorgándoles un pago anual de $us 125.000, además de armamento y otras bonificaciones.
Fuente: ABI