Con la excusa del desarrollo económico y la puesta en marcha de un programa de largo plazo, dos aspectos que nunca han figurado en la agenda del MAS en 15 años, el gobierno de Luis Arce pretende aplicar la medida más centralista y más socialista de la historia del país y, por lo tanto, la más destructiva.
Hablamos de la ley 342 del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 que elimina de un plumazo la autonomía de los gobiernos locales, las universidades y cualquier otra instancia administrativa del Estado, que a partir de esta norma quedan supeditados a los designios del gobierno central, lo que equivale decir, a los caprichos de un solo individuo, pues sabemos muy bien que este país funciona sin estructura, sin programas, sin políticas públicas, sin instituciones y sin leyes.
Y no es que Bolivia sea el mejor ejemplo de descentralización, sino todo lo contrario. En la actualidad más del 85 por ciento de los recursos estatales y las decisiones públicas son manejados por el presidente, que actúa al calor del prebendalismo y los impulsos electoralistas, pero todavía queda una porción de la “torta” en manos de las gobernaciones y los municipios, las únicas entidades que llevan adelante acciones y obras de cierto impacto social.
Justamente este mínimo espacio que queda lo quieren eliminar con esta ley que obliga a todos a cumplir los planes centralistas, que faculta al presidente a decretar lo que se le venga en gana, lo que en términos políticos significará castigar, recortar recursos y quitar del camino a cualquiera que se resista a hacer lo que se dictamine en la Plaza Murillo.
Un ejemplo de lo que puede ocurrir con esta ley lo tenemos en el programa “Evo Cumple”, una fórmula que dejó en la quiebra a cientos de municipios que eran obligados a costear obras absurdas a cambio de un cheque que entregaba el cocalero para la cuota inicial de esos emprendimientos, la mayoría de ellos, elefantes blancos que quedaron inconclusos y sin ninguna utilidad pública. Las alcaldías se quedaron sin plata y sin construir escuelas, sin desarrollar proyectos de riego, sin hospitales ni caminos, pues la prioridad eran las canchitas y los coliseos para que se luzca el jefazo.
Cualquiera que analice a detalle los desastres que ha causado el socialismo en más de 60 países durante un siglo, comprobará que fue la arrogancia el principal factor destructivo. Fue la soberbia de ciertos grupos que se creen superiores, que pretenden planificarlo todo, abarcar todas las competencias, decidir y concentrar los recursos y el poder, porque supuestamente tienen las respuestas infalibles para construir paraísos terrenales. La ciudadanía, las organizaciones locales y las iniciativas de la sociedad civil son anuladas, porque nada puede pasar por encima del estado. Obviamente, la persecución de los disidentes es indispensable para poner en marcha un régimen de esta naturaleza.
Fuente: Eduardo Bowles
