El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, aseguró este domingo que el pago por $us 1,6 millones a la Coordinadora de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba se enmarca en la Ley 3058, que fija que las empresas que trabajan en la explotación de hidrocarburos deben pagar regalías y compensaciones a las comunidades indígenas de intervención.
“Todo lo que es compensación por proyectos en materia de hidrocarburos tiene un tratamiento particular, de acuerdo a la Ley 3058 se estableció un marco de compensación a las comunidades indígenas, campesinas, pueblos originarios y territorios comunitarios. La Ley 3058, reglamentada por un decreto, establece un marco de compensación destinado a estos territorios”, dijo la autoridad.
El viernes, YPFB Transporte S.A., mediante un comunicado, aclaró que compensa por impactos socioambientales, derivados de la construcción del Gasoducto Carrasco – Cochabamba (2008), a la Coordinadora de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba, en representación de las comunidades campesinas de la región.
Según el reporte de la estatal petrolera, el 2008 la empresa Transredes S.A. (hoy YPFB Transporte S.A.) inició la construcción del Gasoducto Carrasco – Cochabamba (GCC) para abastecer de gas natural a los departamentos de occidente del país.
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Por ello, conforme al mandato de la Ley 3058, se realizó la respectiva consulta y participación con las comunidades campesinas que se encuentran sobrepuestas en el área de influencia del proyecto. En dicha consulta, se identificaron impactos socioambientales del proyecto; resultado de ello, se firmó un Convenio de Validación en el marco del Decreto Supremo 29033, en el cual se validaron los acuerdos emergentes de la ejecución del proceso de consulta y participación.
“YPFB Transporte S.A., a fin de cumplir con la obligación legal adquirida, tomó en cuenta este pago, previsto en el presupuesto del proyecto, y habilitó en sus estados financieros una cuenta por pagar, pasando a formar parte de sus previsiones contables”, señala el comunicado.
En ese contexto, el titular de Hidrocarburos y Energías apuntó que, con base en las normas legales vigentes, se compensaron a varios territorios indígenas, donde se ejecutan y ejecutaron proyectos hidrocarburíferos, como en el sur del país, el territorio guaraní, entre otros.
“Hay distintas comunidades compensadas en el marco de la norma. No hay favoritismos en este tema, solo se cumple la ley. Los 1,6 millones de dólares a las comunidades del Trópico de Cochabamba es parte de la compensación en torno al proyecto del gasoducto y se procedió a liquidar esa deuda”, aseveró Molina.
En esa línea, Molina cuestionó las acusaciones infundadas de la senadora Cecilia Requena (CC) respecto a este tema, y le sugirió conocer más las normas nacionales que validan tal acción.
Fuente: ABI