En mi condición de Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, habiendo tomado conocimiento de denuncias públicas de actos irregulares en los procesos de Contratación de las 41 Ambulancias y siendo a su vez interés de mi autoridad transparentar los actos administrativos de ésta entidad al cual represento, serán las autoridades competentes, Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia y otras entidades que ejercen control en la administración pública, quienes determinen la existencia o no de actos irregulares y/o de corrupción, en el marco de sus funciones y los preceptos establecidos en la Ley de Administración y Control Gubernamentales Ley 1178.
Asimismo, encontrándonos en situación de indefensión, en el que sin contar con la documentación idónea de los hechos y actos, se han permitido muchas personas especular mediáticamente mi gestión, perjudicando la imagen administrativa e institucional de la Gobernación; es que en el marco de la responsabilidad que me faculta las leyes y la constitución; dispongo lo siguiente:
1. Poner a disposición plena de las entidades que ejercen control de las acciones del Estado toda la documentación inherente a los procesos de contratación de las 41 Ambulancias y otros (Ministerio Público. Contralorín General del Estado. Vice Ministerio de Transparencia Institucional y lucha contra la corrupción).
2. Con la finalidad de acreditar las acciones transparentes de los actos administrativos del
Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, en el marco de la reparación de daño ocasionado a nuestra institución, se proceda con la Resolución del Contrato y consecuente ejecución de boletas de garantías, así como el inicio de acciones legales en contra de la empresa en el marco de la ley.
3. Ratifico fehacientemente, que el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, dentro de
los procesos de contratación de adquisición de bienes, no ha erogado recursos económicos alguno que constituya daño económico al Estado, precautelando de esta forma los intereses del departamento de Potosi.
Fuente: Detrás de la Verdad