#OpinandoEnElBunker
La mercantilización de la justicia
Por: Daniel Castro, periodista
La justicia boliviana está en la picota y el escarnio social, luego de que se ventilara el caso del feminicida serial liberado por un juez en El Alto. Vale la pena echar un vistazo a lo ocurrido en las últimas tres décadas para entender qué nos llevó a la crisis actual.
A finales de la década del 90 cuando se inició un proceso de depuración del sistema judicial, la élite política de entonces tuvo la decencia de ponerse de acuerdo para elegir autoridades judiciales en la Fiscalía, el Tribunal de Justicia, el Consejo de la Magistratura y en el Tribunal Constitucional con afinidad política partidaria o ideológica, sí, pero con los méritos suficientes como para ejercer esos altos cargos con la suficiente idoneidad para generar credibilidad en la población boliviana. Eso dio lugar a un pacto político de elección a partir de la meritocracia. Fue así que connotados juristas, académicos, docentes universitarios y prominentes abogados que ya se habían ganado un espacio de credibilidad social, con representación en sus colegios de abogados, universidades o en el fuero profesional privado, fueran propuestos y elegidos para integrar los nuevos cargos en la justicia.
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Hasta ahí todo bien, porque primó el principio básico de elegir a los mejores que en ese momento ya tenían un nombre y un prestigio bien cimentado. Como dato de lo ocurrido en esa época podemos recordar que se eligió a Ana María Romero de Campero para ejercer como primera Defensora del Pueblo. Ahí propios y extraños coincidieron en que tenía los méritos suficientes para tal fin.
La defenestrada » democracia pactada» nos heredó esa práctica, que como todo el accionar de los hombres, tuvo también su desgaste y la posterior elección de candidatos que no tenían el tupé de los primeros, pero tenían el respaldo de su partido y cierto reconocimiento popular. Con la arremetida del populismo, de la mano de Evo Morales en 2005, se arrasó con toda la institucionalidad existente, y el poder Ejecutivo asesorado por cubanos y venezolanos, le abrió paso al llamado socialismo del siglo 21, bajo la tutela de Fidel Castro y el histriónico Hugo Chávez.
Tanto fue así que hasta la república creada en 1825 fue el anatema y surgió el estado plurinacional como la panacea de la justicia social y la reivindicación de los pobres y desposeídos «olvidados» por los «oligarcas» «racistas» y «vendepatrias» que manejaron hasta ese momento a las instituciones de la patria a su antojo.
Lo cierto es que del discurso al hecho hay mucho trecho y la elección de las nuevas autoridades del poder judicial «independientes» vía «elecciones democráticas», bajo la tutela de los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional que tenía el MAS, le abrió la tranquera a algunos profesionales idóneos, pero la mayoría ilustres desconocidos, cuyo único mérito era ser de piel oscura, indígena aymara o quechua, o haber logrado el apoyo de las bases del movimiento al socialismo: cocaleros, indígenas, bartolinas, etc.
Es precisamente ese aval de los dirigentes sindicales lo que terminó por acabar con las buenas intenciones. Cada cargo tiene un precio, no en méritos y formación académica, sino en dólares del imperialismo y en «lealtad» al proceso de cambio. La sociedad boliviana en su conjunto no importa, menos sus derechos civiles o constitucionales.
Por eso el olor nauseabundo a «algo podrido» en la justicia no debe sorprendernos. La liberación de un feminicida confeso, como Richard Choque Flores, por treinta monedas de plata y un regalito para el ex juez Alcon, es solo la punta del iceberg de cientos de miles de casos que están cajoneados a la espera de los dólares que los hagan andar.
En eso terminó la reforma judicial y el ejemplo al mundo de una verdadera justicia democratizada, como pregonaba el partido de gobierno. No queda nada de virtud y decencia, los méritos han sido desplazados por la militancia y los favores políticos. La mercantilización acabó con la imparcialidad en Bolivia y la hipocresía de arrogarles una independencia partidaria e ideológica a los elegidos por el régimen es parte de su descarado atropello y estrategia de instrumentalización de la justicia.
Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker