Si bien esto no es personal, el señor Guerrero representa un sistema obsoleto y perverso, que lucra todos los días del sufrimiento de la gente y de la explotación de los choferes.
Este sistema tiene secuestrada a toda la ciudad. Los intereses de 3000 dueños de líneas y 1 concejal priman sobre el bienestar de 3 millones de ciudadanos, nos significan contaminación, 3 horas al día de la vida de cada usuario, accidentes y hoy, la vida de una madre.
¿Por qué es perverso este sistema?
Porque explota al micrero que tiene que trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, 3 mil cambios de caja por día, maneja, cobra, come y hasta orina en el micro, sin tener AFP ni estar aún protegido por la Ley General del Trabajo; y donde el servicio es pésimo, y donde cada día, 750 mil personas realizan en promedio 2 pasajes por viaje, ida y vuelta, generan 6 millones de bolivianos. Esto está respaldado por el estudio del JICA.
¿Por qué es obsoleto el sistema?
Porque desde el 2006 (hace 16 años) que se estableció que ya lo era y se debía migrar a un Sistema Integrado de Transporte. Este estudio lo planteó el Arq. Fernando Prado Salmon como Oficial Mayor.
El 2013 la Ordenanza Municipal 029 firmada por Saúl Ávalos exigía 14 puntos, y donde no se han cumplido, por ejemplo, que todas las unidades serán del 2005 en adelante, todas las unidades serán de GNV, todas tendrán cámaras de seguridad y GPS, todos los choferes deberán ser uniformados, con licencia cat B mínimo, contar con seguro, caja, AFPs y estar dentro de la Ley General del Trabajo; y cada unidad deberá tener alcohol gel, basureros y extintores. Nada de esto se ha cumplido lo cual nos permite decir categóricamente que todos los micros son ilegales en Santa Cruz de la Sierra. El 77% de las unidades tienen antigüedad de entre 20 y 35 años, sólo el 1.7% usa GNV, los choferes no están en el Régimen General del Trabajo (lo cual es explotación moderna, habría que ver donde está la inspectoría del trabajo), y las unidades no cuentan con lo exigido por Ley.
El 2017 el estudio del JICA planteó la necesidad de modernizar el sistema, y el 2019 se aprobó la Ley Municipal 1108, 1125, 1216 y 1276, y las autorizaciones están paralizadas desde el 2016, es decir, los micros están operando ilegalmente.
¿Por qué nos tienen secuestrados?
Porque no permiten la modernización del sistema mediante la presión por fuerza y la presión política. Hoy el alcalde debe decidir si amplía 20 años más este sistema perverso y obsoleto que lucra del sufrimiento de la población, o de una vez procuramos un sistema inteligente e integrado con calidad de servicio. El modelo de negocio está planteado hace 16 años.
Hoy la alcaldía debe decidir si sigue siendo cómplice de este sistema perverso o nos devolverá la vida que nos roban todos los días.
shalom aleichem
