El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, insistió este lunes que existe la sospecha que intereses obscuros, que manipulan mediáticamente, pretenden enlodar la transparente adquisición de las 16 plantas generadoras de oxígeno que el Gobierno nacional adjudicó a la empresa Hardtronic Tecnología e Ingeniería, para precautelar la salud de los pacientes afectados por el COVID-19.
“Aparentemente, algunos medios de comunicación están siendo manipulados por intereses, ya que les preocupa que el Ministerio de Salud pueda adquirir plantas de oxígeno al 50 por ciento más bajo de lo que se han comprado en todo el país”, dijo a los periodistas, según un boletín.
El titular en Salud remarcó que en Bolivia el costo promedio de adquisición de estas plantas oscila entre Bs 4,5 millones a Bs 5 millones; empero las que el ministerio está adquiriendo tienen un costo de Bs 2,4 millones, “la mitad de lo que costaron otras y con las mismas especificaciones técnicas”.
Enfatizó que el ministerio no canceló hasta la fecha ningún monto a la mencionada empresa y no está en una posición ni de defensa, ni de ataque sino neutral, “es de hacer que la comisión que debe hacer cumplir los procesos administrativos, los cumpla con total libertad y autonomía, precautelando además los intereses del Estado y la salud del pueblo boliviano”.
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Dejó abierta la posibilidad para que cualquier persona acceda a esa carpeta de adquisición ya que insistió que en Bolivia el costo promedio de esas plantas oscila entre Bs 4,5 millones a Bs 5 millones.
Explicó que el proceso aún no ha concluido por ello se espera el informe de la comisión de recepción que aún evalúa si los tiempos, la calidad se cumplieron, entre otros, y posteriormente determinarán que sigue en ese proceso de adquisición que insistió, aun no concluyó.
“Debemos aclarar en qué miente algún medio de comunicación, se dice a pesar de las observaciones realizadas se hubiese llevado adelante un proceso de adjudicación, miente, porque el proceso de adjudicación ya se realizó después de seguir el proceso administrativo tres semanas antes”, precisó.
Añadió que el Ministerio de Justicia, cumpliendo su función delegada por el Estado, presentó sus observaciones al proceso, mismas que fueron atendidas.
Fuente: ABI