El director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Aldrin Barrientos, informó este lunes que el Ministerio Público presentó la acusación formal en contra del exministro de hidrocarburos de Jeanine Áñez, Víctor Hugo Zamora; el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Erlan J. Solís, además de otros cuatro funcionarios. La Fiscalía ahora está a la espera del señalamiento del juicio oral en el caso YPFB- Bulo Bulo.
“Es vital para la Fiscalía General del Estado comunicar a la población que dentro de las investigaciones en el caso denominada YPFB – Bulo Bulo el día viernes 18 de marzo la comisión de fiscales presentó ante la autoridad judicial la acusación formal en contra de seis personas implicadas en la paralización y no reinicio del funcionamiento de la planta de Amoníaco y Urea de Bulo Bulo, pertenecientes a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos desde noviembre 2019”, informó Barrientos.
Aseveró que como consecuencia de esta paralización se detectó un daño económico aproximadamente de $us. 8.677.632, por la falta de producción, el mantenimiento de los equipos que se dañaron, entre otros.
Explicó que esta acusación formal fue presentada en contra del exministro, Víctor H. Zamora; del expresidente de YPFB, Javier Solís; exvicepresidente nacional de operaciones de YPFB, Jorge Roberto B., exgerente de Industrialización, Oscar Alberto B.; el exdirector de la Planta de Amoniaco y Urea, Carlos Manuel S. M., y del excoordinador de la Panta, Ivert F. O., quienes son acusados por los delitos incumplimientos de deberes y conducta antieconómica.
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El Ministerio Público está solicitando la pena máxima para los acusados, consistente en la privación de libertad de ocho años más el incremento que se determine por agravantes.
“En noviembre de 2019, las autoridades deciden la paralización del funcionamiento de la Planta de Urea y Amoniaco de YPFB en el sector de Bulo Bulo, a partir de ello se estableció la paralización de la producción y un deterioro importante por parte de la maquinaria que se usaba en los procesos, por eso, a pesar de los informes no se determinó, de forma inmediata, el reinició del funcionamiento de la planta y a partir de esta situación se ha establecido un daño económico al Estado de considerable cuantía, motivo por el cual se ha presentado por parte del Ministerio Público la acusación formal”, aseveró.
Fuente: ABI