Del paro a la crisis municipal
La semana comenzó con el paro de 48 horas en el departamento de Santa Cruz, de amplio acatamiento ciudadano pero signado por hechos de violencia protagonizados por grupos de choque, como el que comandó en persona el Ministro de Obras Públicas, en una función del todo ajena a su cargo.
Particularmente polémico fue el rol del alcalde cruceño, Jhonny Fernández, quien no sólo se desmarcó del paro sino que asumió una militancia activa en contra de la medida. Concejales de oposición denunciaron que la alcaldía se usó para albergar a personas ajenas al municipio, aparentemente participantes de los grupos de choque. Igualmente, la utilización de una camioneta de la alcaldía para acciones de amedrentamiento (denunciada como robada muchas horas después de los sucesos) aumentó el entredicho sobre el burgomaestre. Por su parte, Fernández dijo que activistas cívicos lanzaron petardos contra su vivienda y alentó un proceso judicial por “tentativa de homicidio”.
Todo esto precipitó la crisis en el gabinete municipal, que ya había comenzado con la salida del secretario de autonomía. A él le siguió tras el paro la secretaria de desarrollo humano, quien señaló que se tomaron decisiones a sus espaldas. Horas después, tal vez previendo una catarata de salidas de altos funcionarios, el alcalde se adelantó y pidió que todos los secretarios y directores presentaran cartas de renuncia, para analizar a quién ratificaba. En el marco de su aproximación con el gobierno central, se presume que la remoción del gabinete podría dar lugar a la entrada de figuras cercanas al oficialismo.
Mientras tanto, para el lunes se prevé la instalación de una mesa técnica del INE en Santa Cruz para discutir la organización del Censo. La UAGRM ha pedido que la reunión sea abierta y pública, pero la solicitud ha sido denegada y la universidad cruceña ni siquiera ha recibido invitación para el evento. Las instituciones cruceñas estudian escalar las medidas, eventualmente con un paro de 72 horas.
Al pedido de Censo en 2023 se acaban de sumar los gremiales a nivel nacional, quienes vienen incrementando su lucha contra la ley 249, que ven como una continuación de las “leyes malditas” que fueron abrogadas el año pasado.
Lucha de Adepcoca
También a inicios de semana se vivieron jornadas intensas en la ciudad de La Paz, a raíz de las protestas de Adepcoca por la habilitación gubernamental de un mercado paralelo e ilegal, operado por la minoría de cocaleros de Los Yungas alineados con sus pares del Chapare.
La represión fue violenta, al punto que la ONU deploró las acciones policiales contra los manifestantes, quienes apuntan a Evo Morales de estar detrás del mercado paralelo. Para el lunes, Adepcoca proyecta movilizar al 100% de sus afiliados.
Asfixia a la prensa
Los Tiempos, uno de los principales diarios de Bolivia, denunció una estrategia de asfixia gubernamental en su contra, que incluye distintas formas de presión, desde el retiro de pauta publicitaria estatal hasta fiscalizaciones reiteradas y abusivas. Esto motivó un pronunciamiento de apoyo desde la Sociedad Interamericana de Prensa.
La nueva aremetida contra la libertad de prensa se da en momentos en que Juan Ramón Quintana pareció dar la voz de ataque, con un discurso en el que calificó a los medios independientes de “cloacas”, reeditando su narrativa del “cártel de la mentira”.
Abrão en Bolivia
El ex secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, llegó a Bolivia el 8 de agosto, invitado por el Ministerio de Justicia. Técnicamente, para participar en una serie de foros y conversatorios, pero fue evidente el propósito oficial de contrarrestar las críticas vertidas por García-Sayán, tanto al sistema judicial boliviano en general como específicamente al proceso ordinario de Jeanine Añez.
Abrão, quien tuvo que dejar la CIDH ante 60 denuncias de acoso laboral en su contra planteadas por empleados de la entidad, se prestó a decir que “el sistema de justicia de Bolivia tiene muchas ventajas” y calificó a los cuestionamientos contra el funcionamiento de los tribunales del país como una “moda”.
Desde sus redes sociales, la ex presidenta Añez dijo que Abrão llegó a Bolivia para “dirigir la persecución política”.
Postulantes a Contralor cuestionados
La selección de aspirantes para la Contraloría General del Estado ingresó en la fase de “revisión de méritos”, con 21 candidatos. Muchos de ellos son cuestionados por haber sido parte de los gobiernos de Evo Morales, incluyendo algunos que son señalados como operadores de Juan Ramón Quintana.
Fuente: Emilio Martínez – publico.bo