La Defensoría del Pueblo dijo que es cuestionable el método que adoptó la profesora que pidió una muestra de semen a sus estudiantes. Sin embargo preocupa el escarnio social contra la educadora, así como la vulneración de sus derechos al debido proceso y al trabajo, al haber sido suspendida de su actividad laboral por parte de la Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz mientras duren las investigaciones.
Además, rechaza el proceso penal iniciado por el Ministerio Público en contra de la educadora, por el supuesto delito de corrupción de niña, niño o adolescente, medida extrema que solo refuerza los tabúes y estereotipos vinculados con la educación sexual y reproductiva.
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Fuente: Detrás de la Verdad
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