CIDH confirma ejecuciones
El evismo tuvo una semana muy complicada, primero con el informe conclusivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estableció que en el operativo del 16 de abril del 2009 en el Hotel Las Américas se dieron ejecuciones extrajudiciales y torturas.
El asunto afecta especialmente a Evo Morales, quien admitió desde Caracas haber ordenado el asalto, y a Álvaro García Linera, presidente en ejercicio en los momentos en que se desarrolló el operativo letal.
48 ex ministros de Morales firmaron una carta apoyando lo realizado por el ex presidente “en defensa contra el separatismo”, pero otros 65 ex ministros no suscribieron la misiva, entre ellos el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.
Lo cierto es que, de cara a la interna oficialista, el tema favorece al arcismo, y hay quienes sospechan que el documento (fechado en diciembre del 2021) fue filtrado desde esas esferas.
Ahora, el gobierno tiene dos vías: aceptar el informe de la CIDH e impulsar un proceso a nivel nacional contra los responsables del operativo o rechazarlo, con lo que se abriría un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el primer caso, una alternativa barajada sería la de enfocar el proceso en García Linera y dejar pendiente la inclusión de Evo, como una “espada de Damocles” que lo neutralice en la pugna por la candidatura 2025.
Nuevo revés a la narrativa del “golpe”
Las tribulaciones del evismo continuaron con el informe del Departamento de Estado que validó las investigaciones de la OEA en el 2019, que detectaron importantes irregularidades en las elecciones de ese año, conflicto que condujo a la renuncia del entonces presidente Morales.
Las conclusiones debilitan aún más la narrativa oficial sobre un supuesto “golpe de Estado” y suponen un nuevo revés diplomático para el embajador boliviano ante la OEA, Héctor Arce, quien había pedido a congresistas estadounidenses que impulsaran la revisión.
Desde la oposición, un parlamentario ha sugerido al presidente Arce que “reabra la investigación sobre el fraude, para demostrar que no fue cómplice”.
Sigue el debate por el Defensor
Tras su polémica designación, el nuevo Defensor del Pueblo da sus primeros pasos de gestión e intenta mostrar cierta imparcialidad. Pedro Callisaya habló de promover el diálogo entre los cocaleros de Los Yungas enfrentados por el mercado ilegal, pero unas brutales redadas policiales contra dirigentes de Adepcoca empañaron la operación.
Mientras tanto, sigue el debate en las bancadas de oposición, por el “faltazo” que posibilitó los 2/3 para el nombramiento de Callisaya. En Comunidad Ciudadana, la diputada Luciana Campero pidió la remoción de Carlos Alarcón como jefe de la bancada en la Cámara Baja, así como una reconducción del partido.
Cabildo contundente
El broche de oro de la semana lo puso el Cabildo realizado a los pies del Cristo Redentor, en Santa Cruz de la Sierra, que congregó alrededor de 1 millón y medio de asistentes. Fue un acierto que el gobernador Camacho estuviera entre el público y no en la testera, contrarrestando las interpretaciones partidistas del acto promovidas desde el gobierno central.
El mandato popular (expresado ante veedores del Tribunal Electoral Departamental) estableció un plazo hasta el 22 de octubre para que el Órgano Ejecutivo publique en la Gaceta Oficial que el Censo se realizará en el 2023. En caso contrario, se irá a un paro indefinido.
“Es un tiempo prudente para que el gobierno recapacite”, dijo Vicente Cuéllar, rector de la UAGRM, quien tendrá el desafío en una fecha intermedia (el 11 de octubre) de encabezar la representación departamental en una mesa técnica con el Ministerio de Planificación y el INE, cita para la que se está exigiendo una transmisión pública por los medios de comunicación y la presencia de observadores internacionales.
Fuente: Emilio Martínez – publico.bo