La Paz, 08 de noviembre de 2022 (ABI).- ¿Qué se hizo desde el Estado por las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata del 2019? El presidente Luis Arce presentó un recuento de la obligación estatal de resarcir el daño ocasionado por actos criminales de aquella época.
En el Informe de Gestión 2021 – 2022 de este martes, dijo: “Mediante Decreto Supremo Nº 4729 de 25 de mayo de 2022 se otorga ayuda social humanitaria a los familiares de fallecidos y personas que resultaron heridas, producto de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos, suscitados en el país entre el 21 de octubre y 24 de noviembre de 2019. Este decreto supremo tiene por objeto autorizar la transferencia
público – privada en especie a la Unidad de Acción Comunitaria y Gestión Solidaria del Ministerio de la Presidencia”.
Recordó que el gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH del OEA) acordaron el funcionamiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar las graves violaciones a los derechos humanos sucedidos entre septiembre y diciembre de 2019.
Las investigaciones habían constatado que el gobierno de facto de Jeanine Añez graves violaciones a los derechos humanos, ejecuciones sumarias y observaciones al trabajo del Ministerio Público.
El presidente dijo que “se da cumplimiento paulatinamente a las recomendaciones emitidas por el GIEI, a fin de no dejar en la impunidad la muerte de 38 ciudadanos bolivianos” y que las 42 recomendaciones de esa entidad internacional fue asumida por el Estado boliviano, en distintas áreas, a objeto de asegurar el derecho – de las víctimas y sus familiares – a la verdad, justicia y reparación.
Asimismo, el Órgano Ejecutivo “viene gestionando la reparación integral a las víctimas de dichas masacres, considerando actividades de resarcimiento, apoyo humanitario y el inicio del censo de víctimas para dar estricto cumplimiento a las recomendaciones del GIEI”.
Las víctimas de las masacres del 2019 y el GIEI demandaron también procesos judiciales para sancionar a los autores de aquellos crímenes, hecho también que, está en curso contra la ex presidenta de facto J. Añez, altos mandos militares y policiales comprometidos, además de ex ministros.
NFM/
Fuente: ABI