Santa Cruz lleva ya 35 días de paro cívico continuo, una huelga generalizada de sus principales instituciones junto a la ciudadanía, en la que se paraliza la circulación de todo el departamento, en reclamo por la realización de un censo de población y vivienda que, entre otros varios aspectos, le permitiría alcanzar una mayor asignación de recursos públicos y de escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La convocatoria del Comité Pro Santa Cruz, que se compone por los representantes de aquellas instituciones, ha tenido un éxito pocas veces visto, y más aún las reuniones de la ciudadanía en los cabildos a los pies del Cristo Redentor donde se tomaron las principales decisiones.
Pero se trata de una huelga que ya comienza a ver su final. Al anochecer del miércoles 23 de noviembre, el Comité Interinstitucional que lidera las iniciativas en pro del censo, afirmó que, luego de 7 meses de dilación por parte del régimen de Arce, ya no es posible que este se realice en 2023, pero que el paro se mantiene en tanto la ley del censo que se trata hoy en el Legislativo, no sea promulgada.
Entonces, si bien el paro cívico continúa en tanto no se promulgue una ley que no solamente garantice la realización del censo, sino además otros términos específicos del mismo, cabe realizar las primeras evaluaciones críticas de lo que ha sucedido hasta aquí, en función de los grandes desafíos que todavía restan por asumir en este largo proceso.
Lo reprochable del paro cívico cruceño
Comencemos por lo negativo. Lo primero que se debe aprender es que no se declara la guerra al adversario mientras no exista la seguridad de que se la va a ganar, y de que además esa victoria será clara y contundente. Probablemente la medida del paro cívico indefinido fue apresurada, y aunque la ciudadanía estuvo a la altura de las circunstancias, posiblemente nadie se imaginó que el paro cívico estaría más cerca de durar 40 días que solamente 4, y que, por tanto, las bajas podrían terminar siendo mayores a las que se calculó en un principio. Si acaso se sufre una derrota, será difícil convocar nuevamente a la ciudadanía a realizar un esfuerzo semejante en batallas similares.
Luego, el régimen de Arce y el Movimiento al Socialismo (MAS) han logrado instalar de una u otra manera un ambiente de violencia permanente, tanto física como verbal, y no sólo por parte de los líderes y las autoridades cruceñas con el gobierno central o la ciudadanía cruceña, sino también entre los propios ciudadanos cruceños: es inconcebible acusar de traidor o de masista al vecino si éste simplemente considera que existen mejores métodos de protesta.
La intransigencia de quienes organizaron los bloqueos de calles y avenidas “para hacer respetar el paro cívico”, y obligaban a la gente a bajarse de la bicicleta, o incluso agredían a médicos y enfermeras que se trasladaban a clínicas y hospitales, es una contradicción absoluta en los términos. El objetivo de la protesta pacífica es el respeto por los derechos individuales de propiedad privada sin condiciones, no reemplazar al totalitario de Palacio Quemado de turno por el energúmeno inadaptado de una rotonda.
Peor todavía, uno de los hechos más deleznables propios de los camisas pardas del Partido Nacionalsocialista alemán, o de los camisas negras del Partido Nacional Fascista italiano, fue el que protagonizaron miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) vandalizando negocios privados como el de una cafetería en Equipetrol, obligándola a cerrar.
Es cierto que también se ha observado a los mercenarios del oficialismo repartir poleras de la UJC a auténticos delincuentes para que sus delitos fueran filmados y difundidos en los medios de comunicación para confundir a la opinión pública. Sin embargo, lo más preocupante es que el rechazo de la ciudadanía a semejantes actos cavernarios que sí tuvo la auténtica UJC no haya sido más contundente. Tal vez por miedo a represalias, o porque no lo consideran como un hecho relevante frente a la proporción de la huelga general.
Haber trasladado el conflicto por el censo a la Asamblea Legislativa también fue un error. Si la sociedad civil organizada fue la protagonista, y se vio forzada a sacrificarse estableciendo un paro cívico, es porque la gran mayoría de los asambleístas nacionales demostraron no tener capacidad alguna para la tarea, al punto en que solamente unas semanas atrás pidieron disculpas por su ineptitud en la designación del Defensor del Pueblo.
Esto solamente restó la atención del liderazgo de los cívicos cruceños, además que confundió a la ciudadanía sobre los siguientes pasos a tomar, y frenó el impulso de la huelga general de la ciudadanía.
De hecho, aparecieron al menos cinco propuestas de proyecto de ley por el censo hace más de una semana, y hasta el día de hoy los parlamentarios oficialistas han logrado seguir agotando el esfuerzo ciudadano sin que dicha ley sea promulgada.
Los grandes aciertos cruceños con el paro
Afortunadamente, muchos de los elementos negativos del paro cívico son aislados, y esperemos que también sean pasajeros, pero Santa Cruz también ha tenido aciertos que probablemente muy pocos pudieron venir.
Antes que nada, Santa Cruz ha logrado dejar en evidencia la paupérrima situación del Instituto Nacional de Estadística (INE), que se encuentra tan desinstitucionalizado, que luego de la renuncia de Humberto Arandia a inicios de junio, aún no tiene director ejecutivo en ejercicio, y peor aún, ha perdido toda credibilidad ya no sólo para llevar adelante el censo, sino además para el sinfín de otras tareas igualmente importantes, como los datos de crecimiento, inflación o pobreza.
Luego, lo que Santa Cruz ha hecho ha sido marcar el norte, construyendo y definiendo su liderazgo político nacional, y lo está haciendo en función de la defensa de valores como los del esfuerzo, el sacrificio y la recompensa que la ciudadanía exige de sus líderes. Desde luego que falta mucho, pero ha dado el puntapié inicial de un partido que acaba de comenzar y que es de muy largo aliento.
Santa Cruz ha logrado tener reconocimiento ya no solo en el resto del país, sino ahora también en el ámbito internacional, por ser tierra fértil, por ser primero tierra de libertad y luego de una cultura compatible con ella, porque son cada vez más los que allá se van y son recibidos con la única condición de reconocerla de la misma manera, por ser una tierra que ya no necesita convencer a nadie de que lo que se ha propuesto como modelo de crecimiento y desarrollo es lo que funciona también para Bolivia, de que lo que uno logra en este departamento no se lo arranca a nadie, sino que se lo gana.
Probablemente estos valores no sean compartidos por el conjunto de la clase política cruceña, pero sin duda representan las convicciones de una ciudadanía que ha acompañado y respaldando inicialmente un proceso por la realización del censo, pero que luego supo defender sus valores y su propiedad cuando fue vilmente atacada.
Un par de anécdotas extraordinarias han marcado el paro cívico y la lucha de la ciudadanía cruceña en este sentido: la de Alicia Flores, mujer de pollera que enfrentó la represión policial en Santa Cruz defendiendo el paro cívico, y el de la tamborita que ingresó en Plaza Murillo de La Paz y motivó el baile de los transeúntes.
Igualmente positiva fue la manera en que interpretó los agravios de Huarachi, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), que conminó a líderes cívicos cruceños “croatas yugoslavos” a abandonar el país: la ciudadanía comenzó a comercializar en las calles la versión cruceña de la polera de la selección croata de fútbol.
Pero si hubiera que destacar un solo elemento positivo del paro cívico de 34 días, a pesar de lo malo (que también es mucho) es que lo que ha logrado Santa Cruz supera a su clase política y trasciende el conflicto específico del censo (que ya es bastante), es que su futuro de libertad y prosperidad no depende de que nunca busque ni mucho menos encuentre un mesías.
Continuar con el paro ya no tiene sentido. Los cruceños deben guardar aliento para batallas todavía más duras, como la distribución de escaños parlamentarios y recursos públicos en medio del agravamiento de la crisis económica, pero tampoco se puede esperar demasiado de esto.
Por ejemplo, el pacto fiscal será una batalla perdida como lo fue hace 10 años. La diferencia es que si hoy ya no hay gas del cuál vivir, y si el litio es otra estafa comparable, no habrá más recursos que los del contribuyente, entonces habrá que discutir desde hoy las atribuciones y competencias del Estado sobre la economía que tanto Santa Cruz deberá discutir respecto de La Paz, como también la ciudadanía cruceña deberá hacerlo respecto de sus propias autoridades departamentales y municipales.
En este sentido, el único camino es la competencia fiscal, es decir, la capacidad que cada departamento en el país tenga de reducir impuestos y recortar el gasto público estructural, en virtud de su capacidad de ganar más libertad y atraer cada vez más capital.
Las aspiraciones de Santa Cruz por una nueva distribución del poder en el país ya no sólo entre departamentos, sino también entre su ciudadanía, y ya sea mediante la profundización de sus autonomías o de un nuevo federalismo, no depende de los éxitos o derrotas de la batalla por el próximo censo.
Columna originalmente publicada en La Gaceta de la Iberosfera, el 25 de noviembre de 2022.
