La Asociación de Jueces y Magistrados de Bolivia (Amabol) emitió ayer un pronunciamiento para expresar su preocupación por la precaria asignación de recursos en el Presupuesto General del Estado (PGE) de 2023 que no llega ni al 0,50% del total del gasto estatal.
Tras la sanción de la ley en la Asamblea Legislativa, los magistrados se reunieron en sesión extraordinaria para señalar que el presupuesto asignado vulnera principalmente el acceso a una justicia pronta y oportuna.Observan “la ausencia de voluntad política” para atender las recomendaciones del Relator Especial de la ONU, Diego García Sayán, quien sugirió otorgar recursos apropiados para mejorar sueldos de los operadores de justicia, la creación de nuevos juzgados, la formación del personal y que el Órgano Judicial mejore su cobertura en todo el país. Ratifican que la independencia judicial depende de la autonomía presupuestaria, por lo que solicitan el incremento que garantice condiciones del servicio judicial.
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Fuente: Gigavisión
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