El pasado 19 de diciembre, la ciudadanía boliviana tuvo conocimiento de una denuncia por medio de las redes sociales por demás preocupante. El ciudadano cubano activista por los Derechos Humanos en su país, Magdiel Jorge Castro, publicó un video en el que afirma que la Dirección General de Bolivia le ordenó abandonar el país en un plazo de 15 días hábiles “por alterar el orden público” y debido a las críticas que realiza de manera permanente contra la dictadura de Miguel Díaz-Canel.
Castro ha denunciado que cuando acudió a la citación de Migración, sus funcionarios tenían un archivo que contenía todas sus publicaciones en redes sociales con denuncias contra el régimen comunista de Cuba, como suele hacer la Seguridad del Estado en la isla. Castro además calificó el hecho de que Bolivia se ciña a un Estado totalitario, como “un precedente extremadamente nefasto”.
Al respecto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, tuvo un intercambio con la prensa boliviana de la que se rescata el siguiente fragmento:
– ¿Tener una opinión crítica contra X gobierno es un delito en el país, ministro?
– Desde luego que no es ningún delito. Está garantizada la libertad de pensamiento, cualquier persona puede decir lo que piensa, pero no puede interferir en cuestiones políticas. Yo les pregunto, ¿si un boliviano va a los Estados Unidos, puede opinar libremente en contra de su gobierno? No lo puede hacer.
– La opinión (de Jorge Castro) no es contra su gobierno, sino contra el cubano, ministro.
– En Bolivia no va a venir a hacer lo que quiera cualquier ciudadano extranjero.
Sobre la respuesta del ministro Del Castillo, Castro sostuvo: “Señor ministro de Gobierno, mi activismo es por la democracia en Cuba, soy ciudadano cubano con todo el derecho a expresarme sobre mi país, esto es una arbitrariedad”.
Sobre su expulsión, Castro ha asegurado en sus redes sociales que la prensa oficial de la dictadura de Díaz-Canel se hizo eco celebrando la decisión arbitraria y abusiva del régimen de Arce Catacora, afirmando que el motivo real la deportación se debe al vínculo de Magdiel Jorge con Organizaciones No Gubernamentales como Ríos de Pie, que habrían respaldado el supuesto golpe de Estado contra Morales en 2019, y a grupos políticos opositores de Santa Cruz, departamento que hasta hace un par de semanas asumió una huelga general de 36 días exigiendo a Arce la realización de un censo de población de vivienda para, entre otros varios aspectos, se resigne el presupuesto público y los escaños parlamentarios de acuerdo a ley, una vez conocida la nueva realidad demográfica y de pobreza nacional luego de más de 10 años.
El respaldo de las afirmaciones de la dictadura comunista en Cuba es una editorial publicada por el diario de extrema izquierda argentino Página 12, del 11 de julio de este año, específicamente en contra de Castro.
Jorge Castro ha desmentido tal acusación. Sin embargo, el atropello del Estado Plurinacional es tan difícil de respaldar, que incluso Amnistía Internacional, que no suele caracterizarse precisamente por defender los Derechos Humanos cuando es la extrema izquierda quien los viola (de hecho, durante años se negó a considerar a grupos terrorista como ETA en España, o las FARC y el ELN en Colombia, como grupos terroristas), calificó la expulsión de este ciudadano cubano como un “acto arbitrario” y un “nefasto precedente de persecución”.
Además de todo, valga destacar el hecho de que Magdiel Jorge Castro reside en Bolivia. En este sentido, si tal vez Castro fuera un refugiado político en este país tendría que cumplir con ciertas condiciones para preservar tal estatus. No obstante, este activista no ha opinado sobre política boliviana, sino sobre la de su país de origen.
Actualmente el joven activista se encuentra en proceso de apelación sobre su deportación, pero hasta el momento el escándalo solamente ha servido para llamar todavía más la atención no sólo sobre el largo brazo de la dictadura comunista de la isla, sino sobre el sometimiento del país a una fuerza extranjera como la de “los yankees” de Estados Unidos, que los partidos tradicionalmente de izquierda como el de Evo Morales o el de Arce Catacora han reprochado siempre a los gobiernos “neoliberales”.
En definitiva, el Estado Plurinacional de Bolivia no es un Estado de Derecho no sólo por la expulsión de un ciudadano con derechos que tendrían que ser reconocidos internacionalmente, sino porque ha sometido su soberanía a los dictámenes de otro país, y peor aún, al de una sanguinaria dictadura como la que Miguel Díaz-Canel ha heredado de Fidel y Raúl Castro Ruz en Cuba, por lo cual es de esperar que tanto la Fiscalía General como los legisladores opositores tendrían que tomar cartas en el asunto debido a que constituye una serie de delitos como el de Traición a la Patria.
Columna originalmente publicada en La Gaceta de la Iberosfera, el 23 de diciembre de 2022.
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