En medio de la convulsión generada por el secuestro de Camacho, el oficialismo ya está planificando las próximas jugadas políticas para este 2023. Sin abandonar la lucha táctica por la liberación del gobernador cruceño y contra los abusos policiales, que es inclaudicable, es preciso tener también una mirada estratégica relacionada con el tema de fondo, como es el copamiento de la justicia, un marco en cual continuarán los encarcelamientos de opositores.
El pasado lunes, en un canal de TV paraestatal, varios analistas afines al MAS desgranaron las alternativas en cuanto a las elecciones judiciales previstas para este año, señalando que la convocatoria tendría que ser emitida “hasta marzo o abril”, apuntando a una votación a realizarse en octubre.
Pero lo que debe activar una alerta roja es que el partido de gobierno contempla un plan B y un plan C, en caso de que no se logre la mayoría calificada para las ternas que deberían ir a esos comicios. El primero está basado en una Ley de Intervención del Sistema Judicial, que sería aprobada por simple mayoría y que estaría sujeta a un posterior control constitucional (por un TCP dócil al oficialismo). El segundo sería el nombramiento de nuevos magistrados por decreto, “como ya lo hicieron los ex presidentes Carlos Mesa y Evo Morales”.
Evidentemente, las diferentes alas de la oposición parlamentaria tendrán que comenzar a elaborar una hoja de ruta común, que capitalice tanto la falta de 2/3 del partido azul como los problemas faccionales del masismo. Esto, a su vez, sin facilitar el paso a los planes “B y C” inconstitucionales.
En el nuevo mapa parlamentario evidenciado durante el tratamiento de la Ley del Censo y con un poco de inteligencia, sería viable incluir en cada terna a un postulante mínimamente aceptable, tal vez en base a una “lista ciudadana” elaborada a partir de sugerencias de las organizaciones profesionales y académicas del mundo jurídico.
Las chances de estos postulantes en las elecciones judiciales serían importantes, si tenemos en cuenta que: a) la ciudadanía puede unificarse como sucedió en el referéndum del 21F, al no existir el fraccionamiento partidista que se registra en las elecciones generales, y b) el arcismo y el evismo pueden votar de manera dividida por los otros dos candidatos de cada terna.
Volviendo a la coyuntura de estos días, a la par que se sostienen e incrementan las movilizaciones en defensa de la democracia (que deben irradiarse a otros departamentos, como ya comenzó a suceder en Cochabamba), hay mucho por hacer en el plano externo, para acompañar y respaldar las protestas domésticas.
Es clave gestionar la llegada al país de observadores de las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, cuya sola presencia puede suponer un freno a los atropellos de las fuerzas policiales.
Fuente: Emilio Martínez – publico.bo