Explicaciones inverosímiles
Tras una dura represión a jóvenes manifestantes en Santa Cruz, en varios días de protestas, el ministro de gobierno alegó que los efectivos policiales utilizan “elementos no letales”, como armas “que disparan humo”. Esto, a pesar de que existen heridos graves por impactos de granadas de gas, que necesitan reconstrucción facial.
El ministro Eduardo del Castillo también intentó desligarse del operativo que trasladó a Camacho a La Paz, señalando que la policía “no pregunta al ministerio, ejecuta órdenes judiciales”. Cabe recordar que gran parte del país se enteró de lo sucedido a través de un tuit del funcionario.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la violencia contra la prensa en la capital cruceña, remarcando la ejercida por efectivos policiales.
Por su parte, el ministro de justicia Iván Lima descartó que se implemente el estado de excepción en Santa Cruz. El rector Vicente Cuéllar respondió que “ya lo están aplicando de hecho”.
Situación de Camacho
El encarcelamiento del gobernador cruceño motivó diversas acciones de entidades internacionales. Dos diputados del Foro Madrid, provenientes de España y Chile, se hicieron presentes en Santa Cruz de la Sierra y Chonchocoro, y poco después fueron expulsados por el gobierno, acusados de “injerencia”. Adelantaron que “no somos los últimos parlamentarios en venir, sino los primeros”.
Human Rights Watch señaló que la figura de terrorismo “es utilizada en Bolivia para perseguir opositores”, mientras que la CIDH dio un plazo de 10 días al gobierno para que presente un informe sobre la aprehensión y encarcelamiento de Camacho.
Durante varias jornadas, se dio un inadmisible control paramilitar de los Ponchos Rojos en el ingreso al penal de Chonchocoro, que incluso revisaron vehículos y agredieron a personas que oraban por la salud de Camacho.
El alcalde cruceño, Jhonny Fernández, se negó a visitar el penal de Chonchocoro y dijo que “no le interesa perder tiempo en la política, alguien debe trabajar por Santa Cruz”. El ex presidente cívico Branko Marinkovic pidió impulsar un revocatorio contra el burgomaestre.
Debate por la sucesión
Mientras tanto, va creciendo la polémica sobre quién debe encabezar la gobernación cruceña: desde el nivel central se presiona para que se concrete la sucesión hacia el vicegobernador Mario Aguilera, tal vez buscando despojar a Camacho de parte de su capital político.
También existen voces desde Santa Cruz que indican que esto sería prudente, para cuidar la institucionalidad del gobierno departamental. Desde el gabinete de la gobernación se dice que “la ley no prohíbe” que Camacho siga despachando desde la cárcel, en tanto que existe división en el tema entre los vocales del TSE.
Propuestas de acuerdo
El analista Carlos Valverde propone “sentarse en una mesa para buscar acuerdos mínimos”, que pasarían por un traslado a Palmasola del gobernador cruceño, respetando el principio del juez natural.
El periodista Tuffí Aré opinó que la tensión entre el gobierno y Santa Cruz no terminará hasta que haya un “pacto de reconocimiento de la clase media cruceña, y sus aspiraciones de propiedad privada, libertad de empresa y democracia”.
Arce y el Pacto de Unidad
Mientras el movimiento cívico organiza una protesta nacional para el día 10, el presidente Arce (que había estado ausente del país por la asunción de Lula da Silva en Brasil) se reunió con el Pacto de Unidad, procurando mostrar “músculo social”. La reunión palaciega llamó a declararse en emergencia y adelantó una concentración para el 22 de enero, cuando se conmemora el “Día del Estado Plurinacional”.
Evo denunciado en Perú
Otro hito de la semana fue la denuncia penal contra Evo Morales planteada en Perú, por “atentado a la integridad nacional”. Los denunciantes, que también solicitaron que se active un pedido de captura internacional, señalan que Morales viene impulsando un separatismo indígena desde el organismo llamado Runasur y que sus emisarios entraron 9 veces a Perú de forma ilegal, para realizar labores de agitación social.
Se vienen las elecciones judiciales
Un tema que comienza a instalarse en la agenda nacional es el de las elecciones judiciales, que deberían llevarse a cabo en octubre de este año. El TSE declaró estar listo para administrar el proceso y pidió al Legislativo que hasta marzo se haga la convocatoria a las ternas.
El ministro Lima habló de “buscar un acuerdo con la oposición” (el Movimiento Al Socialismo no tiene los 2/3 necesarios para la selección), pero también planteó que el voto en octubre sea “ratificatorio y no electivo”, evidenciando cierto temor a que unos comicios competitivos puedan ser adversos al oficialismo.
Fuente: Emilio Martínez – publico.bo