Toca hablar sobre el ataque a los sistemas de pensiones en América Latina, o de manera más concreta, en lugares como El Salvador, Colombia, Chile y Bolivia, o cómo la región continúa con su proceso de argentinización.
Vamos a ver, antes que nada, llamemos diplomáticamente a tal ataque como “contrarreforma”. ¿Por qué? Las reformas estructurales más importantes en la región llegaron a principios de los 90, luego de la famosísima “década perdida” de América Latina, cuando la gran mayoría de países de la región quebró y agravó su problema con un proceso de monetización de deuda verdaderamente espantoso que terminó en distintos episodios de hiperinflación e incluso golpes de Estado.
La idea con estas reformas era llevar a América Latina por el sendero del crecimiento sostenido de largo plazo, y entre lo más importante que se hizo fue reformar el sistema de pensiones, que era de reparto, donde las nuevas generaciones pagan las jubilación a las más antiguas, hacia uno de sistema previsional, de capitalización individual, donde uno ahorra a largo plazo para su propia jubilación.
Fue muy importante, y las reformas aguantaron hasta el día de hoy, se mantuvieron en pie. Entre otras cosas, realmente permitió nutrir, robustecer el sistema bancario y financiero, y por tanto, beneficiar al público con mayor disponibilidad de ahorros disponibles en forma de créditos más accesibles, relativamente más baratos que en el pasado, siempre y cuando esas tasas de interés no fueran manipuladas o establecidas por el Estado hacia la baja creando burbujas de activos.
Pues bien, luego de un tiempo, llegó la cotización extraordinaria de materias primas, un período que duró entre 2003 y 2014, que les permitió a distintos gobiernos tener una capacidad de gasto nunca antes vista, sin que eso, por cierto, se tradujera en crecimiento sostenido acompañado de avance, desarrollo, modernización. Todo fue derroche populista y destrucción de riqueza.
Cuando este superciclo de materias primas terminó, estos gobiernos se resistieron a hacer ajustes. Pensaron que los problemas que comenzaron a observar en el ámbito macroeconómico era por falta de ingresos y no por exceso de gastos. Entonces recurrieron al incremento de deuda pública, devaluaciones, incrementos de impuestos, etc. para seguir gastando a manos llenas.
Peor todavía, llegó la pandemia del Covid-19 y decidieron disparar todavía más los niveles de endeudamiento, devaluaciones e impuestos, en vez de recortar el gasto.
No contentos con todo esto, hoy no encuentran financiamiento para los estratosféricos niveles de gasto que todavía llevan, a pesar de los peligrosísimos niveles de acumulación de déficit fiscal, bajos niveles de reservas internacionales. Por eso, lo único a lo que hoy apuntan es a financiarse con los ahorros del sector privado, de la ciudadanía, estatizando o confiscando los ahorros de largo plazo de sus ciudadanos, pretenden financiarse con sus pensiones, sus jubilaciones de la misma manera en que sucedió en Argentina entre 2008 y 2009. Y este es el motivo por el que sigo que la región continúa con su proceso de “argentinización”.
La confiscación de las jubilaciones en Argentina
¿Qué pasó en Argentina entre 2008 y 2009? Pues, brevemente, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió tomar $30.000 millones de ahorros previsionales a 9 millones de afiliados. Entre los argumentos que presentó fue que se le presentó la virgen en forma de la bancarrota de Lehman en 2008 y la explosión de toda la serie de burbujas inmobiliarias habidas en todo el mundo.
Lo peor de todo es que, si acaso fue una política legítima, Kirchner ni siquiera solucionó los problemas fiscales que tenía, y tampoco los han solucionado hasta hoy… Hoy día los ciudadanos argentinos viven sufriendo las consecuencias de aquella funesta política de auténtico robo a mano armada.
Por eso es que este episodio también podría titularse como “la argentinización de América Latina continúa”. Se trata del retorno al sistema de pensiones de reparto que había en la región en los años 80, cuyos fondos se convertían en la caja chica de todos los gobiernos, uno tras otro.
También Petro busca terminar con el sistema de AFP
Uno de los casos más importantes a destacar y afirmar que no se trata más que de otro proceso de confiscación de jubilaciones como el de Kirchner en Argentina, es el caso de Colombia.
En Colombia está sucediendo lo mismo con Gustavo Petro, que está destruyendo la economía y el país mismo en los pocos meses que lleva en el máximo cargo.
Lo que Petro pretende hacer concretamente con las pensiones es directa y descaradamente confiscarlas con argumentos retóricos. Petro simplemente considera que los ahorros de largo plazo de la ciudadanía pertenecen al Estado, y que, por tanto, su administración y destino le competen a su gobierno. Y no porque suene bonita la idea del nuevo destino de las inversiones sean infraestructuras públicas es lo correcto y menos riesgoso, sino todo lo contrario. Petro está obligando a los pensionistas a prestarles su dinero a Petro para invertirlos allá donde él decida personalmente, como la construcción de una red ferroviaria que atraviese de sur a norte el territorio, incluyendo las zonas selváticas de más difícil acceso.
Nada de esto llamaría a la sospecha sobre los verdaderos fines de la reforma de pensiones que Gustavo Petro pretende implementar ahora en Colombia, si no fuera porque ha expuesto varias mentiras sobre cómo funciona el sistema de capitalización individual. Por ejemplo, Petro ha dicho que del 16% de los aportes actuales que hace cada trabajador de acuerdo a su sueldo, 11,5% van a las cuentas individuales, y que el resto constituye la comisión de las administradoras de pensiones.
En realidad las comisiones son apenas de 0,73 puntos de esos 16 iniciales. Todo lo demás son el seguro previsional, que es del 2,27% de ese 16%; aporte al fondo de garantía, que es del 1,5% de ese 16%. El promedio de comisión que se les paga a las administradoras en 25 años equivale a apenas el 0,18%, y no el 30% como afirma Petro. Pero todo esto está sirviendo a Petro para decir que las administradoras se aprovechan del ahorrista, y que ese ahorro individual es en realidad colectivo, y que, por tanto, le pertenece al Estado, y por tanto, le compete a su gobierno decidir a nombre del pueblo el destino de las pensiones.
Ahora mismo no se en que anda exactamente el proyecto de Petro, impulsado también por José Antonio Ocampo, su ministro estrella, pero lo que en el entretanto hace para conseguir su objetivo es calumniar de manera permanente al sistema de capitalización individual, calumniar a las administradoras de pensiones afirmando que financió a Odebrecht, que les roban sistemáticamente a los colombianos y muchas otras cosas más.
La realidad es que no hay nada más transparente que el sistema de capitalización individual y de AFPs. Las administradoras de pensiones en Colombia invierten por ley el 33% en renta fija nacional, es decir, en deuda de los colombianos; 31% en renta variable del exterior, es decir, en acciones de empresas del exterior; 14% en inversiones alternativas; 13% en acciones de empresas nacionales; 3,7% en otro tipo de inversiones alternativas; y 3% en renta fija del exterior, o fundamentalmente deuda de otros países emitida en el exterior. No hay manera de que si acaso Petro estatiza las pensiones haya la misma transparencia, disponibilidad y rentabilidad.
Por cierto, el último año la rentabilidad de inversiones en Colombia ha sido relativamente menor que la que hacen en el exterior, entre otros aspectos, por los golpes de estado posmodernos que organiza y ha venido organizando la extrema izquierda en la región. Es decir, las “brisas bolivarianas” con las que tanto amenazaron, por ejemplo, Rafael Correa y Diosdado Cabello.
Si por lo menos Petro estuviera planteando que se les devuelvan a los colombianos todos sus aportes tendría algo más de sentido. En cambio, lo que plantea es que sea el Estado, y de manera más concreta su gobierno y él mismo, lo que se haga con los ahorros privados de largo plazo de los colombianos. Hoy Petro quiere tomar $65,000 millones de 18.5 millones de afiliados en el sistema. Sería igual o peor que en Argentina.
Bukele ya terminará de confiscar las pensiones
También sucede lo mismo en El Salvador: algo muy curioso sucede con Bukele en El Salvador, mientras adolescentes fanáticos que juran que es de derecha y además liberal, a quien defienden ciegamente, a principios de 2022, “el dictador cool” anunció una serie de medidas económicas para encarar la crisis del alza de precios fundamentalmente de combustibles, asunto que todos los políticos atribuyen a la invasión de Rusia sobre Ucrania, y no a sus propias alocadas políticas de hiper estímulo de la demanda típicamente keynesianas.
Entre esas medidas destacan dos igualmente comparables. La primera fue que mandó a detener a un empresario del transporte público, le decomisó los vehículos y puso al ejército a manejar los buses.
Bukele justificó la medida con las largas filas que se formaban temprano por la mañana que recordaban episodios de inundaciones o incluso días de guerra en aquel país, pero esta vez el caos se encontraba en el Palacio Presidencial. Era la manera que Nayib había encontrado de controlar precios de mercado. Extraño liberal, ¿eh?
Lo que Bukele trató de hacer de esa manera fue compensar los efectos de la suspensión temporal de algunos impuestos que se aplicaban a los combustibles para subvencionar su consumo. Absurdo robo de la propiedad privada por un problema creado justamente por el propio Estado, y además, luego de atribuir culpas a la guerra contra Ucrania por el incremento de precios y no a las subvenciones, nunca hubo condena a las decisiones de Putin, probablemente porque era de él que buscaba financiamiento luego de las pésimas relaciones con EEUU.
La segunda medida fue considerada con el mismo criterio: confiscó más de la mitad de las reservas bancarias, que eran de los depositantes, y ahora parece empezar a concluir una segunda medida complementaria: la nacionalización o estatización de la administración de las pensiones, o lo que es lo mismo, la confiscación de los ahorros de largo plazo de los salvadoreños. ¿Liberal? Nah…
Bukele afirma que no se trata de confiscación alguna, pues les pagará un interés a los pensionistas por un préstamo forzoso, ¿pero qué garantía existe de que la medida se mantenga a largo plazo? Peor aún, ha obligado a los pensionistas salvadoreños a correr con un riesgo que de otra manera no hubieran asumido. Bukele, claro, culpa a las AFPs por una mala rentabilidad. Ya quisiera ver qué banco, aseguradora o fondo de inversión opera con tantos riesgos y sin incentivo alguno en El Salvador.
Bukele y su gobierno llevaron meses anunciando reformas previsionales sin ofrecer detalles, hasta que lo hizo a finales de noviembre de 2023. Dijo que incrementarán las pensiones a los jubilados de hoy y que reducirá las comisiones que reciben las AFPs por generar rentabilidad a esas jubilaciones, pero no ha dicho qué sucede con los aportantes más jóvenes o los que van a jubilarse en, por decir algo, 10 años. Pura demagogia.
Otro asunto es que Bukele aseguró que las reforma impiden a cualquier institución pública “tomar dinero de las pensiones para financiarse”.
Lo que está haciendo Bukele no es apropiarse directamente de las pensiones, sino estatizar su administración, por tanto, el destino de las inversiones que con ellas se hagan. Nada es tan simple como incrementar la rentabilidad a unos, bajársela a otros y prometer rentabilidades futuras sobre la base de “justicia social”. Así yo no les presto voluntariamente mis ahorros ni los de mi familia a absolutamente nadie.
Bukele no engaña a nadie más que los incautos, sus reformas se tratan de otra cosa más que de medidas desesperadas para conseguir financiamiento para las finanzas de cristal de El Salvador, que podrían entrar en default este mismo mes por el vencimiento de una fracción de los bonos soberanos.
Boric ya casi termina de derrumbar el sistema de AFP
Otro caso verdaderamente escandaloso, probablemente el más polémico, es el de Chile.
Durante décadas la extrema izquierda ha querido deshacerse del modelo diseñado por los Chicago Boys desde los años 70 y 80, atacando su piedra angular: el sistema de ahorro previsional o de capitalización individual. Es aquí, en Chile, donde nació la idea de terminar con el sistema piramidal de reparto creado por Otto von Bismarck, y a partir del lugar y momento en que el sistema de AFPs fue implementado con éxito desde los años 90 en distintos lugares del mundo.
No pudieron hacerlo hasta que trataron de derrocar a Sebastián Piñera a finales de 2019, hasta que la extrema izquierda tuvo en vilo al país entero durante todo 2020 para conseguir su referéndum constitucional, hasta que llegó la pandemia del Covid-19, y hasta que Gabriel Boric alcanzó la presidencia.
Con todo este arsenal se forzaron varios retiros anticipados parciales de aportes, hasta llevar al conjunto del sistema al borde del despeñadero, hasta que detuvieron el último retiro parcial anticipado. Ahora Boric quiere una nueva reforma afirmando que las rentabilidades que consiguen las AFPs son insuficientes (obvio), y tratar de hacer magia con lo que queda de las pensiones.
Según economistas chilenos, la reforma de Boric degradará el mercado de capitales, afectará el empleo y no aportará al mejoramiento de las pensiones precisamente. El objetivo fundamental de la reforma del sistema de pensiones en Chile, tal y como se encuentra ahora luego de deteriorarlo, debería cumplir con tres elementos fundamentales: aumentar el ahorro previsional, aumentar la edad de jubilación y mejorar el pilar solidario.
Lo que hace Boric es trabajar únicamente en el tercer elemento solidario, que requiere de impuestos para financiarlo. Y claro, pretende estatizar la administración de todo lo demás como mecanismo de financiamiento de distintos grupos de interés, y, para el mayor de los colmos, retornar al sistema de ahorro colectivo y de reparto, cuyo primer y principal problema es justamente la falta de transparencia respecto de quién aporta cuánto y cuánto y por qué le le toca lo que le toca al momento de jubilarse. Es que todo esto es elemental, tan disparatado que tendría que ser fácilmente por el conjunto de la ciudadanía, pero nunca falta la demagogia política.
Por si fuera poco, el problema no es simplemente para los pensionistas de hoy y mañana, sino para el conjunto de la ciudadanía, porque estos recursos constituyen uno de los pilares fundamentales del sistema bancario y financiero. Estos fondos permiten financiar el crédito del público para consumo o vivienda, por ejemplo. Sin pensiones no hay nada de esto.
Arce ya tiene un camino recorrido para confiscar los fondos de las AFP
Finalmente, y como no podía ser de otra manera, Bolivia, por su lado, presenta exactamente el mismo caso de Chile, Colombia y El Salvador, ya sin mencionar la Argentina de 2008.
El régimen, que ha presumido recientemente de que el país tiene la segunda mejor economía del mundo, se ha propuesto terminar el lento proceso de estatización de la administración de las pensiones, casualmente, justo cuando es incapaz de conseguir financiamiento externo, justo después de fracasar en la colocación de bonos soberanos por $2.000 millones en el primer trimestre de 2022, cuando más apremian las reservas del Banco Central, cuando Argentina busca terminar dos años antes los contratos de importación de gas boliviano, y un largo etcétera.
Bolivia se ha propuesto terminar con el proceso de estatización de las pensiones hasta mayo de este 2023.
Como habíamos dicho en otros casos, los fondos que administran las AFPs y que invierten al menos el 50% de las jubilaciones en depósitos a plazo fijo del sistema bancario, y otro buen tanto en renta fija -deuda que emite el régimen a un ritmo cada vez mayor- no tiene mucha más alternativa que seguir invirtiendo enmarcadas en una legislación obsoleta de finales de los 90.
La rentabilidad no fue de las mejores, y si hubiera sido buena, se la podía mejorar mucho si solamente no se las acosaban para invertir donde el régimen mandaba y manda, y ya ni hablemos si acaso se asumiera una reforma que se mejorar lo que se tiene, y no se lo cambiara por completo para peor, para que nadie supiera cuánto tiene acumulado en cualquier momento, o que directamente lo pierda todo si sus aportes son invertidos por el Estado, así como en Colombia, en infraestructura pública, o peor todavía, en exploraciones petroleras de YPFB, dado que tiene todo el negocio arruinado justamente por el mismo motivo, porque es una empresa que ha sido utilizada como caja chica del régimen y el partido.
Que nadie vaya a pensar, por cierto, que va a suceder algo extraordinario cuando el régimen de termine de estatizar el sistema de pensiones, porque parte de lo que haría por ese medio, ya lo hizo. Es decir, mientras el MAS ha sido gobierno desde 2006, y más aún desde 2014, cuando cayó la cotización de materias primas con las que financiaba su gasto a manos llenas, y todavía más luego de que este mismo partido impidiera al gobierno de Áñez conseguir financiamiento externo para encarar las urgencias de la pandemia, las AFPs ya han invertido -presumiblemente forzadas a hacerlo- en papeles del tesoro, es decir, en deuda estatal; las AFPs ya le prestan hace mucho al régimen, y lo que quedaría para “confiscar” propiamente, de acuerdo a cálculos de algún amigo, sería entre $3.000 millones y $6.000 millones, y no así los casi $23.000 millones.
Es decir, cada que el público vea la deuda pública interna subir meteóricamente, es lo que los aportantes le están prestando indirectamente al Estado para que el gobierno siga gastando en fondos indígenas o traductoras interspecies.
Pero esta es solamente una parte del problema. La madre del cordero está en el dia en que el Estado decida devaluar la moneda nacional como no pocos economistas recomiendan, -aunque un par de ellos ya haya recapacitado una vez que tiene un poco más de conocimiento básico de cómo funciona el sistema financiero y lo que es el agregado monetario M2-. La devaluación de la moneda nacional se traducirá en el impago de la deuda interna, en la destrucción ya no solo del ahorro previsional de los aportantes, sino del conjunto de los bolivianos. La verdad sea dicha. Para ver cómo va este asunto solamente resta observar cómo se desenvuelven las reservas del Banco Central. Y no digo más.
Mi reflexión sobre todo este desastre es la siguiente: América Latina seguirá siendo América Latina durante muchísimos años más. Mientras no pocos se mostraron optimistas gracias al superciclo de materias primas entre 2003 y 2014, y ahora algunos menos con el segundo superciclo, hoy la gran generalidad de gobernantes de la región está haciendo un esfuerzo enorme por destruir lo mucho o poco que se había alcanzado en materia de modernización del sistema bancario y financiero de la región. Vean Chile, nada menos, en vez de que Argentina mire a Chile, ahora Chile mira a Argentina.
¿Qué quiere decir que América Latina siga siendo América Latina durante mucho más tiempo? Que la destrucción de los objetivos de más largo plazo que constituyen o constituían los sistemas de capitalización individual permiten afirmar tal cosa, que no habrá cambios sustanciales que permitan alcanzar pronto la modernidad.
América Latina seguirá siendo una región de alto riesgo y, por tanto, de imprevisibilidad permanente, sin aspiraciones que superen el corto plazo, y el mediano con la mejor de las suertes, pero de largo plazo es muy difícil hablar.
Si uno tiene grandes capitales y quiere invertir en esta región fuera del sector hidrocarburífero y minero, para tener que terminar siendo socio forzado de algún gobierno corrupto, tiene que estar un poco loco.
A América Latina le faltará el gran pilar de las pensiones que permiten, entre otras cosas, el desarrollo y consolidación de los mercados de capitales, entre otras cosas, para articularse con el resto del mundo, para atraer grandes capitales privados y financiar las pequeñas empresas, para exportar.
No hay país en el mundo que se desarrolle de manera sostenible sin contemplar y desarrollar el largo plazo. América Latina seguirá siendo pobre mientras no siga esperando por la gran fortuna de los precios internacionales de materias primas.
¿Cuánta gente invirtió en la región pensando que esta vez, con el primer superciclo de materias primas, América Latina despegaría definitivamente? Lo bueno es que mucha gente hizo mucho dinero en esta región durante un largo período por ese mismo factor, pero será difícil seguir haciendo lo mismo.
Lo mejor será tratar de buscar otros horizontes de largo plazo más seguros para el capital privado que América Latina. Esa es la realidad. Y poco a poco todo lo que afirmo se irá cristalizando. El deterioro será relativamente acelerado, no de la noche a la mañana. Es triste y polémico decirlo al mismo tiempo, pero los grandes capitales necesitan que se les diga la verdad sin rodeos.
