Evo en Argentina
Para este domingo, el gobierno ha venido preparando el festejo por un nuevo aniversario del Estado Plurinacional, sin la participación de la dirección nacional del MAS.
Esto motivó protestas del vicepresidente de esa tienda política, Gerardo García, quien tildó de “falta de respeto” que la invitación a Evo Morales se hiciera apenas 48 horas antes, cuando el ex presidente ya había anunciado y confirmado su presencia en un acto en Buenos Aires, para lanzar el proyecto “América Plurinacional” (una presumible extensión de su injerencia en el sur de Perú a otras regiones del continente).
Por su parte, el presidente Luis Arce perfiló para los actos de celebración un discurso centrado en la economía, según adelantaron fuentes oficiales en días anteriores. Además de la toma de espacios políticos al interior del país, Arce estará en Argentina el día 24 para una reunión de la Celac, donde buscará eclipsar el “efecto Evo” entre los migrantes bolivianos al vecino país, que representan el principal electorado en el exterior.
Previamente, la interna oficialista tuvo sus puntos álgidos en la semana, con la expulsión de los parlamentarios arcistas del MAS cochabambino y con un mensaje del vicepresidente David Choquehuanca, remarcando que “el proceso de cambio es renovación”.
Cuenta regresiva para el Cabildo nacional
Mientras tanto, siguen firmen los preparativos para el Cabildo nacional del miércoles 25. Los dirigentes cívicos lanzaron un sitio en Internet, bajo el lema “Tu opinión es importante”, donde la ciudadanía puede aportar sugerencias sobre las preguntas a realizarse en el encuentro.
Cobra fuerza la idea de movilizarse para el “firmazo” en favor de la reforma de la justicia vía referéndum, como viene promoviendo un grupo de juristas independientes, iniciativa que ya cuenta con el respaldo de la Iglesia Católica.
También es posible que el Cabildo se haga eco de algunos de los puntos sugeridos por el rector Vicente Cuéllar en su propuesta de Acuerdo Nacional, como la formación de una comisión de la verdad sobre el 2019 y una amnistía para los presos políticos.
Misión CIDH y salida del Alto Comisionado
El país espera con expectativa la llegada de una misión de la CIDH este lunes, inicialmente con el cometido de evaluar el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI, pero que evidentemente se ampliará para monitorear la actual situación de los derechos humanos, incluyendo la represión policial en Santa Cruz y el secuestro del gobernador Camacho.
Sobre esto último, una reciente encuesta de Cultura Interactiva indica que un 47,7% de los consultados se pronunció en contra del apresamiento, mientras que un 41,8% se mostró a favor.
Por otra parte, la imputación de la Fiscalía contra el alcalde paceño, Iván Arias, confirma que el apresamiento de Camacho puede ser el precedente para impulsar otros golpes departamentales y municipales, o al menos para colocar una “espada de Damocles” con intenciones de neutralización.
Otro elemento preocupante conocido en los últimos días es la salida de Bolivia del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al no renovarse un viejo convenio con el gobierno que había caducado en el 2017.
También en el eje de los DDHH, en la semana se divulgó una carta de la ex mandataria Jeanine Añez a Choquehuanca, en su condición de presidente nato de la ALP, para que su caso sea visto en un juicio de responsabilidades. El ministro de justicia Iván Lima retó a los opositores a debatir sobre los juicios de responsabilidades, obviando que esto debería discutirse en el seno del Legislativo y no con una cartera ministerial.
Ministro pequeño-burgués
Un hito mediático de los últimos días fue la carta de Maximiliano Dávila difundida por su defensa. En la misiva, el ex jefe antinarcóticos de Evo Morales, preso por legitimación de ganancias ilícitas, definió a Eduardo Del Castillo como un “ministro pequeño-burgués” y lo acusó de tener “vínculos con el imperialismo”.
El contraataque vino de la “mujeres interculturales” (arcismo), quienes afirmaron que ex ministros evistas como Carlos Romero (gobierno) y Juan Ramón Quintana (presidencia) deberían estar en la cárcel.
Fuente: Emilio Martínez – publico.bo