Aunque Luis Arce Catacora tenía la oportunidad de seguir una línea más democrática y conciliadora al inicio de su gestión (y así se había insinuado en la campaña electoral del 2020), está claro que optó por la “imitación competitiva” con Evo Morales. Es decir, por disputarle el liderazgo del llamado “proceso de cambio” mediante la utilización de los mismos métodos autoritarios, destinados sobre todo a ganarse al voto duro masista.
Esto incluye promover procesos judiciales revanchistas, aunque no haya calibrado muy bien que al hacerlo bajo el relato del “golpe del 2019” está poniendo en duda la legitimidad de su propio mandato, surgido de unos comicios organizados en el gobierno de transición.
Cabe la posibilidad de que, si la oposición interna de extrema izquierda que encabeza Evo Morales acaba neutralizada en algún momento (tal vez a causa de los “hipotéticos” vínculos del ex mandatario con el narcotráfico), Arce tendría las manos libres para flexibilizar su política, buscando recuperar algo de ese centro que lo acompañó en las pasadas elecciones y que necesita en el 2025 si quiere reproducirse en el poder.
En ese contexto, puede darse que algunos mecanismos de amnistía o indulto como los que sugiere el rector Vicente Cuéllar acaben siendo adoptados, de manera parcial, pero no en lo inmediato sino a mediano plazo.
Por lo pronto, algo más pragmático en la actual correlación de fuerzas sería proponer que presos políticos como Camacho, Añez y otros ex altos funcionarios civiles, militares y policiales, sean trasladados a la ciudad de Sucre, en su calidad de sede del Poder Judicial, donde no existen grupos de choque tan activos del oficialismo y donde, en una segunda fase, podrían plantearse medidas sustitutivas como la detención domiciliaria o el arraigo local (como el que tuvo Luis García Meza a lo largo de su juicio de responsabilidades).
Mientras tanto, las plataformas ciudadanas, el movimiento cívico y los partidos de oposición tendrán que apostar todas sus fichas al referéndum de reforma de la justicia, ya sea que prospere en todas sus faces en medio de un “timing” complejo (Plan A) o que sirva como herramienta de presión para lograr un acuerdo razonable entre las tres bancadas parlamentarias (Plan B), de cara a unas elecciones judiciales que deberían contar con un sistema de selección parecido al planteado en el proyecto de reforma (Comisión Nacional de Postulaciones).
Claro que la realpolitik no es tan seductora como la demagogia radical, pero a menudo es la que consigue los cambios. Pensemos estratégicamente y no caigamos en las trampas emocionales que suelen ponernos en el camino los expertos de la manipulación.
Fuente: Emilio Martínez – publico.bo