Sumitomo finalmente ha terminado transfiriendo el 100% de sus acciones en San Cristóbal a una minera canadiense más pequeña, cuyos dueños no se conoce, y que aparentemente fue creada recién a mediados de enero de 2022.
No han sido pocos quienes se han apresurado en afirmar que esto se debe a las dificultades en el sector minero energético en el mundo a raíz del escenario como el de la guerra de Putin contra Ucrania, o la inflación, que habría traído demasiada volatilidad a los mercados.
Peor todavía, no han faltado quienes, a manera de consuelo, han afirmado sobre San Cristóbal que “ahora está en manos de bolivianos” o “ahora ya no se irá la plata del país”. No podría haber mayor demagogia, y de la más barata.
Lo cierto es que Sumitomo se suma a la gran cantidad de grandes capitales que han seguido con su largo proceso de desinversión en el país en los últimos años, como Glencore o American Airlines, por citar apenas dos.
Pero nada sería que los capitales simplemente se vayan porque encuentran mejores oportunidades en otro lado, sino que lo hacen por un deterioro cada vez más avanzado del país no sólo en el ámbito económico, sino -y sobre todo- en el democrático institucional; sin garantías, no hay previsibilidad alguna.
De hecho, esto es lo que han dicho las calificadoras con sus últimas rebajas de la calificación de riesgo del país. La última rebaja fue la de Standard & Poor’s el reciente 6 de diciembre, cuando respaldó su decisión con el estancamiento político del país, que genera incertidumbre sobre la capacidad del gobierno para implementar políticas correctivas oportunas y contundentes para reducir las vulnerabilidades económicas. Concretamente, S&P ha destacado el avanzado deterioro de las reservas fiscales y externas.
Es por esto que, por ejemplo, los bonos soberanos 2028 de Bolivia, emitidos en mercados internacionales como Luxemburgo, han caído un 21% solamente en el último año, y hoy operan al 12,33%, niveles que son considerados por las tres principales calificadoras como de un alto grado especulativo.
En definitiva, el objetivo de Arce por incrementar la deuda pública en más de $3.621 millones solamente en esta gestión podría no ser realista, lo cual podría ser positivo, dado que implica mayor presión para por fin aplicar recortes. Sin embargo, el gobierno afirma que la deuda pública total no supera el 46% del PIB, cuando en realidad supera el 82% según el Banco Mundial, y ante la dificultad de conseguir financiamiento, lo lógico sería asumir el desafío de recortar el gasto público en la misma proporción. Pues no va a suceder, al menos no pronto, lo cual es muy malo.
Extracto de Macro Alertness, newsletter semanal con lo más relevante de la coyuntura macro internacional y la industria del wealth management.
