“Invitación-trampa”
El Movimiento Al Socialismo festejará un nuevo aniversario el 26 de marzo y, de cara a esa fecha, en los últimos días se dieron cruces retóricos entre las facciones en pugna. Desde el evismo dicen que el presidente Luis Arce será invitado y que “debería asistir”. Previendo una “invitación-trampa”, que podría incluir algún tipo de agresión o desplante, los renovadores le aconsejan que no vaya.
Pesa como precedente lo sucedido durante la semana en Potosí, donde el presidente de la Brigada Parlamentaria fue salvajemente agredido por dirigentes evistas. El ataque (del que también fue víctima una periodista) se habría producido en represalia porque el legislador, del ala arcista, rechazó un ultimátum de un ampliado campesino.
Mientras tanto, desde el evismo también se ataca a Álvaro García Linera, al comprobar que el ex vicepresidente no reapareció para fungir de alfil de Evo Morales sino para hacer su propio juego. Lo califican de “desleal”, ante una suerte de tercera opción borrosa que García Linera estaría promoviendo, lo suficientemente elástica para incluir a Andrónico o a Choquehuanca como presidenciable, tal vez con él mismo como compañero de binomio.
La tensión de la interna es tan espesa que se podría haber cortado con un cuchillo, durante la reunión en Caracas a la que acudieron tanto Arce como Evo, en homenaje a los 10 años del fallecimiento del autócrata Hugo Chávez. Allí, el mandatario boliviano llamó “comandantes” a otros integrantes de la testera pero no mencionó a Morales, y señaló como referente a Marcelo Quiroga Santa Cruz, reiterando una operación ideológica que contrarresta el relato sobre el “Evo líder histórico”.
Tensiones en la Gobernación
Tras algunos obstáculos, el gobernador cruceño promulgó desde prisión la Ley de Sucesión Temporal que lo mantiene en el cargo. Desde Cochabamba, el alcalde Manfred Reyes Villa opinó que “Camacho puede seguir gobernando mientras no tenga sentencia ejecutoriada”.
Sin embargo, las tensiones internas en la Gobernación de Santa Cruz no han bajado. El asesor jurídico de la entidad dijo que “el gobernador no confía en Mario Aguilera” y éste contestó que no tiene problemas con Camacho “pero sí con su entorno”.
El vicegobernador no fue incluido en una sesión técnica del Gobierno Departamental, encabezada por el presidente de la ALD, Zvonko Matkovic. Al parecer, la superación de estos conflictos podría requerir algo más que la Ley de Sucesión, como acuerdos y una mayor delegación de funciones hacia Aguilera.
Pero la Gobernación también fue noticia con las agresiones sufridas por el alcalde cruceño, Jhonny Fernández, cuando acudió para un trámite en espacios del nivel departamental. Las interpretaciones van desde el “hecho aislado” hasta el “caso premeditado”, pero lo cierto es que estos ataques son impensables en democracia, más allá de las antipatías que pueda despertar el agredido de turno.
Convergencia hacia la reforma judicial
En la semana que acabó también fue perdiendo fuelle la idea de un revocatorio presidencial, mientras que se ha ido afianzando la movilización para impulsar un referéndum de reforma de la justicia.
El CONADE sugirió repensar el revocatorio y el nuevo presidente cívico de Santa Cruz, Fernando Larach, dijo que tres regiones piden revisar la decisión, al tiempo que llamó a la población a firmar los libros para la consulta sobre el sistema judicial.
En el ámbito partidario, la oposición parlamentaria también se está decantando por apoyar el referéndum, en la medida en que el oficialismo viene rechazando sistemáticamente todas las iniciativas de las otras bancadas referidas a la preselección de postulantes a magistrados, como la que proponía veedores internacionales (Creemos) o la que pedía una “ley de garantías judiciales” (CC).
Senkata a la justicia ordinaria
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) remitió los antecedentes del caso Senkata al juez primero de Instrucción Penal de El Alto, Marco Amaru, dejando el proceso contra la ex presidente Jeanine Añez en la vía ordinaria. De esta forma, el TSJ obvió el juicio de responsabilidades, que de acuerdo a los principales constitucionalistas del país es lo que corresponde según el ordenamiento jurídico vigente.
Fuente: Emilio Martínez – publico.bo