Pedido de citación
Uno de los hitos centrales de la semana fue el pedido hecho por el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, para que la Fiscalía llame a declarar a los obispos católicos por las reuniones de diálogo sostenidas en el 2019, que condujeron a la sucesión constitucional.
Chávez, que acumula en su cargo un récord de casos perdidos en arbitrajes internacionales, es tal vez la última alta cuota burocrática del evismo en el gobierno de Arce. Su arremetida puede interpretarse como un nuevo intento de Evo Morales de intensificar el revanchismo político-judicial, del que ha sido el principal impulsor.
Sin embargo, la operación del procurador resultó desautorizada por diversas voces del oficialismo. El ministro de justicia Iván Lima dijo que “no tiene sentido lógico ni jurídico” citar a los obispos y los fiscales rechazaron el pedido.
La ex diputada masista Susana Rivero, quien participó en las reuniones del 2019, señaló que los integrantes de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEPB) “no tienen nada que aportar en el caso” y que el pedido sólo “busca titulares”.
Por lo pronto -y esperemos que definitivamente- ha quedado descartada la “vía nicaragüense”, caracterizada por incluir a la Iglesia Católica en la represión a opositores o disidentes.
Hijos presidenciales
Mientras tanto, la interna del partido azul se va personalizando aún más, con cuestionamientos cruzados a los hijos del presidente Luis Arce y de Evo Morales. Los diputados evistas fueron los primeros en abrir fuego, implicando a Marcelo Arce Mosqueira en las negociaciones sobre el litio.
Evo saltó al ruedo señalando que “hay que defender los recursos naturales” y el parlamentario Rolando Cuéllar, del ala que responde al vicepresidente Choquehuanca, dijo que “habrá que investigar a Evaliz Morales”, hija del ex mandatario.
Cuéllar también propuso que “Evo declare en el caso golpe I y diga por qué huyó del país”.
Referéndum y elecciones judiciales
Desde el grupo de juristas independientes que impulsa el referéndum de reforma judicial, se informó que en 23 días de recolección ya se consiguieron más de 300.000 firmas en favor de la consulta. La meta es alcanzar un millón y medio de rúbricas hasta el 25 de abril.
En el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la vocal Dina Chuquimia adelantó que la sala plena está considerando la fecha del 29 de octubre para la realización de las elecciones judiciales.
En una entrevista, el ex magistrado del Tribunal Constitucional e integrante del grupo de juristas independientes, José Antonio Rivera, aclaró que el referéndum tendría que darse entre agosto y septiembre, pero que aún en el extremo de que las elecciones judiciales se lleven a cabo antes de la consulta, “otras disposiciones (de la reforma) comenzarían a aplicarse”, como la asignación del 3% del Presupuesto General del Estado para el Órgano Judicial.
Dilema en la Gobernación cruceña
Entre postergaciones de audiencias sobre una acción de cumplimiento, con la que se busca efectivizar a Mario Aguilera al frente de la Gobernación cruceña, prosigue la polémica acerca de esa suplencia.
Políticamente, se advierte que habría una “conveniencia para el MAS” (que interpuso la acción de cumplimiento), aunque también se alega, desde fuentes no vinculadas al partido de gobierno, que lo jurídico-institucional indica la pertinencia del traspaso de mando al vicegobernador.
Entretanto, preocupa la salud de Luis Fernando Camacho. Una junta médica dictaminó que su enfermedad de base estaría produciendo “complicaciones en diferentes órganos” y que el gobernador cruceño debe hacerse estudios en una clínica.
Las condiciones de atención sanitaria en el penal de Chonchocoro están siendo fuertemente cuestionadas, tras una embolia sufrida en ese centro de reclusión por el dirigente cocalero César Apaza, que no habría recibido un adecuado tratamiento.
Fuente: Emilio Martínez – publico.bo