Las versiones de Lima
El acontecimiento de la semana fueron las diferentes versiones sobre el deceso del “testigo protegido” del caso ABC, Felipe Sandy Rivero. El ministro de justicia Iván Lima fue el primero en disparar, en el marco de su polémica con el diputado evista Héctor Arce, preguntándole por qué no informaba sobre “la muerte del testigo en un accidente de auto en Estados Unidos”.
Tras conocerse un video, grabado por Sandy Rivero antes de su aparente fallecimiento, se supo que había denunciado el caso de corrupción ante el FBI y otros organismos. En la grabación advertía que su vida corría peligro. El testigo también indicó que inicialmente había dado cuenta de las coimas millonarias a altas autoridades en la presidencia y vicepresidencia de Bolivia, sin lograr resultados.
El discurso de Lima mutó a que “sin un documento oficial de Estados Unidos nadie puede afirmar que el testigo falleció”. El certificado forense norteamericano finalmente apareció, indicando que el 20 de enero Sandy Rivero habría “atentado a su vida”, realizándose “agresiones a su propio cuerpo”.
El diputado Héctor Arce dijo temer por su vida y que “firmó su sentencia de muerte” con la denuncia sobre la ABC. Queda flotando la pregunta sobre cómo sabía Lima sobre la identidad del “testigo protegido”, que debía ser resguardada por la Fiscalía. Otro síntoma de la dependencia del Ministerio Público hacia la cartera de justicia.
Llegada de la CIDH
El jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó la llegada a Bolivia de cinco de sus integrantes desde este lunes, adelantando que visitará varios centros penales y que cumplirá una “agenda estatal y civil”.
Hasta ahora, la CIDH no ha confirmado las audiencias solicitadas en casos como los de Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y César Apaza, mientras que desde el gobierno un viceministro afirma que la comisión “no verá casos particulares”. La situación de Apaza reviste especial urgencia, ante un cuadro muy delicado de salud, al punto que Human Rights Watch (HRW) ha pedido que sea evaluado por médicos independientes.
En la semana también se conoció un informe del Departamento de Estado norteamericano, sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia. El reporte subraya la existencia de presos políticos, torturas y ataques a la prensa, y remarca las “condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales”.
Desde la Cancillería boliviana, como era previsible, se habló de una “práctica de injerencia en los asuntos internos”.
Nuevo formato de la Ley 1386
El viernes, la diputada opositora Tatiana Añez dio a conocer que el oficialismo está impulsando el tratamiento de una nueva versión de la Ley 1386 contra la “legitimación de ganancias ilícitas”, que fue abrogada en el 2021.
El proyecto de Ley 280, con eje en el “financiamiento del terrorismo”, es considerado como un instrumento para penalizar las protestas sociales, pero también podría tener propósitos recaudatorios y afectar las relaciones del gobierno con sectores como los gremiales, que ya adelantaron su rechazo si se pretende reintroducir la norma abolida hace un año y medio.
Estas eventuales movilizaciones vendrían a sumarse a las que ya vienen realizando los maestros, en un contexto de creciente inquietud social.
Arcistas y evistas medirán fuerzas
En días recientes, se confirmó que el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca participarán en el aniversario del MAS, que se desarrollará en el bastión cocalero de Ivirgarzama.
Los diputados renovadores advierten que los mandatarios podrían estar en peligro, vistos los enfrentamientos que suelen producirse últimamente en los eventos del partido azul, mientras que desde el evismo denuncian que el gobierno estaría organizando el acarreo masivo de funcionarios públicos, encargados de “hacerle barra” al presidente. Lo cierto es que el arcismo y el evismo medirán hoy sus fuerzas de convocatoria.
Reglamento sin acuerdos
Los preacuerdos entre bancadas naufragaron y el oficialismo parece decidido a aprobar en solitario el reglamento de selección de candidatos para los comicios judiciales.
El proyecto de reglamento ha sido cuestionado por varios factores, como la posibilidad de que los militantes partidarios postulen al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) o que los veedores de la sociedad civil queden reducidos a un rol “decorativo”, como dijo el rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar.
El ministro Lima señaló que “la gran diferencia de esta elección es que no va a decidir Evo Morales”, lo que ha sido interpretado como una confesión del “dedazo” presidencial en anteriores selecciones.
Entretanto, este domingo se realizará el “firmazo” a nivel nacional, con apoyo del movimiento cívico, en busca del medio millón de rúbricas que faltarían para terminar de impulsar el referéndum sobre la justicia.
Fuente: Emilio Martínez – publico.bo