El caso de las ‘ambulancias fantasmas’ destapó una compleja operación criminal de enriquecimiento ilícito y de evasión de impuestos. Se investiga la participación del gobernador de Potosí, ahora detenido.
Fuente: El Deber
Al menos dos grupos de ciudadanos paquistaníes instalaron una operación “delictiva” entre El Alto y el puerto de Iquique, en el norte de Chile. Esa organización, de acuerdo con reportes de la Fiscalía y la Aduana Nacional, internaron en territorio boliviano al menos 15.000 vehículos desde 2015. La evasión de impuestos y posibles nexos con otras redes criminales, vinculadas con el lavado de dinero, saltan en esos reportes.
El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, detenido en el penal de San Pedro de La Paz bajo el cargo de legitimación de ganancias ilícitas, pactó en 2021 con Stefals Logistics, la empresa unipersonal que fue una “fachada” de uno de estos grupos que operan desde la Zona Franca de Iquique. El líder de la organización es Umar Siyab, quien representa a President Line Chile y Harmony, dos firmas que, además, fueron señaladas por “subfacturar” el precio de los automotores. Este es un mecanismo de evasión que consiste en declarar un monto menor al costo verdadero de estos bienes y pagar menos tributos en Bolivia.
Mamani firmó varios contratos con Stefals Logistics, la empresa de Humberto Huanca que tuvo que prestarse un NIT para vender vehículos a la Gobernación de Potosí. El primer trato fue por cinco camionetas Toyota Hilux para la Policía Boliviana en Potosí. Los vehículos fueron entregados a finales de 2021, pero estaban “reacondicionados”, porque las características técnicas no eran para Bolivia.
Mamani también pidió a su equipo jurídico adquirir una vagoneta de lujo, pero Huanca no tenía a mano el automóvil. Entonces, surgió la oferta del grupo de Siyab para proveer 41 ambulancias a Potosí.
Un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) detectó movimientos bancarios sospechosos vinculados con la estructura paquistaní, informó el fiscal de La Paz, William Alave. “Este informe es fundamental porque nos da lugar para una investigación, en este caso es enteramente de tipo financiero”, dijo.
La denuncia fue activada, primero, contra Huanca, quien ganó una licitación de Bs 20,5 millones para vender las 41 ambulancias, siendo que declaró un capital de garantía de apenas Bs 100.000, un monto que no cubría el costo ni siquiera de una sola unidad.
Huanca y una tramitadora de su empresa están detenidos desde hace un año y cuatro meses.
Una investigación publicada por EL DEBER en enero de 2022 presentó esa irregularidad, además de “un acta de recepción” de esos motorizados, cuando esos motorizados aún estaban en alta mar rumbo a Iquique. El escándalo obligó a Mamani a anular el contrato y aseguró que “no hubo daño al Estado”, porque no se hizo ningún pago por esos vehículos.
El pago por las 41 ambulancias estaba amparado por un decreto de emergencia ante la pandemia de Covid y el mandato de esa normativa venció el 31 de enero de 2021. El equipo financiero de Mamani presionó hasta casi la hora del Año Nuevo 2022 al Ministerio de Economía para el desembolso, según conoció el rotativo en la investigación periodística. Vencido el año fiscal, el trámite para ese pago pasó a 2022, pero contando con la validez de la “recepción” de esas ambulancias que con el tiempo se llamaron “fantasmas”.
“Aquí hay una estructura criminal, una organización que ha tramitado con vehículos, las 41 ambulancias son una parte. Hay una estructura, una organización en Chile, (Iquique) a la cabeza de un ciudadano paquistaní que ha introducido al país una serie de vehículos de forma irregular en complicidad con el gobernador”, afirmó el ministro de Justicia, Iván Lima, quien es parte denunciante.
La apreciación de Lima tiene que ver con los resultados de la investigación de la Fiscalía sobre legitimación de ganancias ilícitas. En Potosí, el Ministerio Público había liberado de culpa al gobernador porque no halló daño económico y decidió procesar a otros funcionarios. Ahora esta decisión será impugnada por el Gobierno y los denunciantes de este caso.
En el expediente también se menciona al ciudadano paquistaní Muhhamad Kashif Ilyas, que ingresó al menos siete veces al país entre septiembre de 2021 y febrero de 2022, cuando el contrato fue anulado debido a las irregularidades que saltaron. Este ciudadano se relacionó con personal de la ABC en Potosí y otros personeros cercanos a Mamani.
“Veo que el gobernador tuvo influencia de personas allegadas a él que, en nuestra hipótesis, se pudieron convertir en el nexo de la Gobernación y la empresa paquistaní. Me parece que en la Gobernación hubo mala fe de querer ganar recursos en base a la corrupción”, señaló René Villarroel, abogado de Huanca. Aseguró que su defendido trabajaba para la empresa de Sayib en retirar los vehículos de aduanas y mostró documentos con los que le designa cobrador por las ventas.
“Hemos ingresado al fondo de la investigación; estamos en una nueva etapa del proceso penal que durará seis meses, vamos a presentar todos los descargos y vamos a justificar las observaciones sobre las acciones que hay acerca del gobernador Jhonny Mamani”, apuntó Luis Choque, abogado de la autoridad potosina.
Los importadores paquistaníes, que operan en Iquique, no pueden comprar los vehículos de manera directa a los fabricantes porque no tienen acuerdo de representación. Por eso, apelan a concesionarias. Una de las más grandes se llama Sahara y opera en Dubái. Se ha especializado en la marca Toyota y es con la que “trabajó” el grupo de Sayib para el caso de las 41 ambulancias.
Fuente: El Deber