La diputada María José Salazar sostiene que en caso de que el Gobierno no haya realizado estudios de impacto ambiental, social y manejo sostenible de los recursos naturales, el crédito de la CAF está en riesgo
[Infografía: GDSCZ] / En azul el tramo que propone la ABC y que pasa por los reservorios de agua
Fuente: UNITEL
Este sábado, cuando se cumple el sexto día del bloqueo en Buena Vista, demandando que se ponga en marcha el proyecto carretero Santa Cruz – Las Cruces – Buena Vista que pasa por reservorios acuíferos de Santa Cruz, la diputada María José Salazar difundió una carta de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y explicó que para financiar esa obra, este organismo demanda estudios de impacto ambiental, social y manejo sostenible de recursos.
“Hay dos cosas importante para cumplir las condiciones de préstamos de la CAF. Una de ellas es información sobre las salvaguardas que establece el contrato”, explicó Salazar.
La diputada compartió una carta del 2022, firmada por el representante de la CAF en Bolivia, Florentino Fernández, dirigida a Marcelo Laura Guarachi, quien hasta hace unos meses ejercía como viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo.
En la misiva se le menciona a Guarachi que en el marco de las “condiciones particulares del contrato de préstamo”, se solicitaba información sobre la evaluación y gestión de impacto ambiental y social, la utilización de los recursos naturales y la conservación de la diversidad ecológica en el proyecto carretero.
El mismo documento explica que recibieron información de la Dirección de Conservación del Patrimonio Natural (Dicopan) de la Gobernación cruceña sobre los estudios hidrológicos realizados en el tramo 2 del proyecto Santa Cruz – Las Cruces – Buena Vista.
Otro aspecto que destaca la diputada es que en la misma misiva se le pide al Gobierno “interponer sus buenos oficios” para la realización de las evaluaciones mencionadas de forma previa a la licitación de obras, “de forma que se asegure el cumplimiento de las condiciones actuales”.
Salazar señala que hasta la fecha se desconoce si el Gobierno ha cumplido con lo solicitado por la CAF y advirtió que en caso de no haberlo hecho, este financiamiento está en riesgo.
Agregó que pese a la carta de la CAF y lo que demanda este organismo, ya se ha puesto en marcha un proceso de licitación en torno a este proyecto, aunque señala que se desconoce con qué recursos se está poniendo en marcha.
Salazar, al igual que la Gobernación sostiene que el tramo 2 tiene objeciones medioambientales; sin embargo, la legisladora agrega que también existe compromiso medioambiental en el tramo 3, pues compromete un sector del Parque Amboró.
Entre tanto, desde el Gobierno descartan que la carretera afecte al medio ambiente. “La supuesta contaminación es algo “totalmente inventada”, porque es la misma gobernación la que pasó en 2016 los estudios respecto de este tramo, además solicitó que la ruta sea declarada parte de la Red Vial Fundamental”, señaló Montaño, según la agencia ABI.
Fuente: UNITEL