Ya se estaba haciendo esperar. Luiz Inácio Lula da Silva ha anunciado recientemente un conjunto de medidas destinadas a incrementar los impuestos para los llamados “superricos” del país y para aquellos que tienen inversiones en el extranjero a través de fondos offshore. Examinemos detenidamente los argumentos detrás de esta decisión y sus posibles implicaciones económicas a largo plazo.
La primera medida en cuestión es la implementación de un impuesto del 15% al 20% sobre los rendimientos de los fondos exclusivos destinados a individuos con una importante cantidad de recursos. Estos fondos, que requieren una inversión mínima de R$10 millones (aproximadamente $2 millones), han sido un vehículo preferido por los inversores HNWI para proteger, mantener y hacer crecer su patrimonio. Hasta ahora, estos fondos solamente estaban sujetos a impuestos en el momento de la liquidación de los valores. Sin embargo, con la nueva legislación propuesta, se impondrá un tributo dos veces al año sobre los rendimientos de estos fondos.
La justificación detrás de esta medida parece ser la creencia de que los ricos deberían contribuir más al bienestar general de la sociedad a través de impuestos más elevados. Sin embargo, esta línea de pensamiento ignora la realidad económica de los inversores y la naturaleza de los mercados financieros. Incrementar impuestos o imponer otros adicionales a estos fondos cerrados desincentiva la inversión y la acumulación de capital, lo que, contrariamente a lo que sostiene el propio Lula, tendría a su vez un impacto negativo en la generación de empleo y en la inversión en proyectos económicos cruciales en Brasil.
El argumento del gobierno de Lula se basa en parte en la estimación de que hay alrededor de 2.500 brasileños HNWI o UHNWI con recursos en estos fondos por más de R$750.000 millones (alrededor de $150.000 millones). Si bien es cierto que esta cifra representa una cantidad significativa de capital, es importante recordar que estos individuos ya están contribuyendo al país de diversas formas, incluyendo la inversión en empresas, la generación de empleo y la participación en actividades filantrópicas.
La segunda medida que el gobierno ha propuesto al Legislativo es la tributación anual de los rendimientos de capital brasileño ubicado en el extranjero, incluidos los fondos y trusts en jurisdicciones offshore. Esta medida, que establece un impuesto progresivo de hasta el 22,5% sobre los rendimientos, tiene como objetivo gravar el capital invertido fuera del país en una variedad de estructuras financieras. Si bien esto puede parecer una medida sensata para evitar la evasión fiscal, el principal motivo por el que los UHNWI o HNWI recurren a jurisdicciones offshore es para proteger lo que es legítimamente suyo, para reducir el riesgo político sobre su patrimonio, para evitar los costos derivados de la institucionalidad, la ausencia de Estado de Derecho y medidas alocadas justamente como esta de Lula. Por esto resulta crucial insistir y considerar las posibles consecuencias de esta mala decisión.
El gobierno de Lula argumenta que esta medida está en línea con las prácticas adoptadas por países desarrollados. Más aún, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, ha declarado que estas medidas no son “revanchismo”, sino una forma de adoptar las mejores prácticas internacionales en términos de fiscalidad. No obstante, es importante considerar si simplemente imitar las políticas fiscales de otras naciones es realmente el camino correcto a seguir.
Lula y Hadad podrían argumentar que Brasil tiene un contexto económico y fiscal diferente, y que las necesidades de su población justifican los incrementos de impuestos a los más ricos, sobre todo si es una práctica habitual en los países avanzados, pero la realidad es que estos han estado retirando gradualmente los impuestos progresivos sobre los rendimientos de capital en el extranjero por el mismo motivo por el que Brasil ni siquiera los debería considerar: porque siempre son muy difíciles de aplicar, y porque, aunque así no lo fuera, terminan generando un impacto negativo en la inversión internacional de los brasileños, lo que a su vez redunda en reducir el flujo de capital hacia el país y afectar negativamente la economía en su conjunto, agravando la situación sobre todo de aquellos quienes el gobierno de Lula dice querer ayudar.
Además, es importante cuestionar si esta medida realmente logrará su objetivo de aumentar la recaudación fiscal de manera significativa. Tanto la teoría de Arthur Laffer, como la historia, han demostrado que los ricos suelen tomar medidas para reducir la carga tributaria que pesa sobre sus hombros en sus países de residencia, buscando estructuras fiscales más eficientes en el extranjero o en jurisdicciones con competencia fiscal o una institucionalidad más amigable con la propiedad privada, como lo son típicamente las jurisdicciones offshore. En lugar de aumentar la recaudación, podríamos encontrarnos con una fuga de capitales y una menor inversión en la economía de Brasil. Lula va a encontrar el efecto exactamente inverso al que busca.
Es indudable que Brasil enfrenta desafíos fiscales y sociales significativos, pero también es un mito ampliamente extendido que la recaudación de impuestos es esencial para financiar los servicios públicos y las inversiones en infraestructura, sobre todo con el objetivo de beneficiar al conjunto de la sociedad, más aún en un lugar como América Latina, donde la debilidad institucional es transversal a todos los ámbitos de la economía. De hecho, el propio Lula fue parte del escándalo de Lava Jato por el que estuvo preso durante 580 días y terminó siendo liberado, pero no por haber demostrado inocencia alguna, sino por errores procedimientales cometidos en su arresto y errores en la elaboración de las acusaciones de corrupción pasiva y lavado de dinero en su contra.
La cuestión clave aquí es si estas medidas específicas de incrementar impuestos a quienes supuestamente acuden a paraísos fiscales o jurisdicciones offshore para evadir al fisco o lavar dinero mal habido, son la mejor manera de abordar esos desafíos. en cambio, en lugar de adoptar un enfoque punitivo hacia los inversores exitosos que generan riqueza no sólo para sí, sino solucionando problemas de gente que ni siquiera conocen a cambio de un legítimo beneficio, sería más constructivo considerar primero el recorte decidido del gasto público estructural (en vez de incrementarlo como Lula) y el establecimiento de límites del endeudamiento público, además de la implementación de un régimen de competencia fiscal, es decir, de políticas fiscales orientadas a reducir el número de impuestos y la carga tributaria en general, de hacerlos sencillos, sobre todo para las actividades del empresariado privado con el objetivo de incentivar y atraer la inversión y el emprendimiento tanto nacional como internacional, y generar así buena parte del crecimiento económico sostenible de largo plazo de Brasil.
En defintiva, las medidas propuestas por el Gobierno de Lula para incrementar los impuestos a los “superricos” y a las inversiones en el extranjero a través de fondos offshore, plantean preguntas importantes sobre el manejo público de recursos, la inversión privada y el crecimiento económico. En vez de diseñar y aplicar políticas fiscales inspiradas en el prejuicio personal y el igualitarismo, se diseñen de manera cuidadosa y estratégica para evitar impactos negativos derivados de la desinversión.
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