La “Masacre” dejó más de 60 muertos y al menos 400 heridos. El 17 de octubre de 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada renunció y huyó del país. Familiares de víctimas ganan una batalla, pero piden extradición de culpables.
Fuente: Opinión
Han transcurrido 20 años desde la denominada “Guerra del Gas”, que dejó más de 60 personas fallecidas y al menos 400 heridas, y la justicia tiene aún varios temas pendientes, uno de ellos la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y del exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, entre algunas exautoridades que son reclamadas por el Gobierno boliviano.
La “Guerra del Gas” u “Octubre Negro” cerró un capítulo de extrema violencia el 17 de octubre de 2003, jornada en la que, cientos de testigos observaban cómo el hasta entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, más conocido como Goni, abandonaba la residencia presidencial en un helicóptero que lo transportaría hasta el aeropuerto internacional de El Alto, y de ahí volaría rumbo a Estados Unidos, país donde reside actualmente.
Tras la renuncia y huida de Goni y de sus más estrechos colaboradores, las organizaciones sociales empezaron a “festejar”, pero con el lamentable saldo de más de 60 muertos y al menos 400 heridos, muchos con lesiones de gravedad que les impiden hoy en día valerse por sí mismos.
ACUERDO
Dos décadas después de las jornadas de “Octubre Negro” y tras una larga batalla judicial en los estrados de Estados Unidos, finalmente los familiares de las personas fallecidas lograron uno de sus propósitos, que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín reconozcan su participación en la masacre de octubre de 2003 y, en consecuencia, paguen las indemnizaciones económica.
El pasado 28 de septiembre, un portavoz de Sánchez de Lozada confirmó a EFE que sus patrocinados llegaron a un acuerdo “de compensación” con las familias de los demandantes, el cual presentaron a la corte en Fort Lauderdale (sureste de Florida) que llevó el caso.
«Después de una década y media de litigio, los demandantes y los demandados concuerdan en que es momento de resolver su disputa legal», aseguró.
El juicio civil, que fue considerado el primero sobre derechos humanos contra un ex jefe de Estado, se amparó en la Ley de Protección a Víctimas de Tortura (TVPA, en inglés), que autoriza demandas en tribunales federales de EEUU por ejecuciones extrajudiciales.
El portavoz de Goni subrayó que el acuerdo proporciona exoneraciones legales que prohíben cualquier acción adicional de cualquier tipo por parte de los demandantes contra el expresidente y su exministro.
«La decisión de conciliar no significa que los demandados admitan responsabilidad por los eventos en cuestión. Las partes han acordado no divulgar ningún término de su acuerdo de conciliación», indicó, según EFE.
Sin embargo, una parte del texto de la demanda puntualiza que: “Los dos demandados idearon un plan para matar a miles de civiles e, intencionadamente, usaron fuerza letal contra las protestas políticas para reprimir la oposición”.
La demanda alegó que los acusados son legalmente responsables por la respuesta militar ordenada contra las movilizaciones ciudadanas en el conflicto conocido como la “Guerra del Gas” en 2003, según BBCMundo.
Sin embargo, según declaró la defensa de los demandados en 2018, el Gobierno (de Sánchez de Lozada) “hizo lo que tenía que hacer” al reprimir a los manifestantes, recordando la grave crisis y conflicto social que se vivía en Bolivia en septiembre y octubre de 2003.
«No hubo un plan para matar gente», dijo una de las abogadas de los demandados en 2018, quien responsabilizó a Evo Morales de lo sucedido, según la agencia EFE.
LA DEMANDA
Un grupo de personas demandó al exmandatario y al exministro por las muertes de familiares suyos en las manifestaciones de 2003 en un caso que tuvo varios reveses para ambas partes y apelaciones durante más de una década.
En principio, un jurado había considerado a ambos responsables de la muerte de ocho personas durante «Octubre Negro» en Bolivia y fijó compensaciones por 10 millones de dólares, pero el juez James Cohn anuló esa decisión, al considerar que los demandantes no deberían ser indemnizados porque no había pruebas de la responsabilidad de los Sánchez en las muertes.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Undécimo Distrito anuló la decisión del juez y remitió el caso de nuevo al tribunal de primera instancia de Fort Lauderdale.
Sánchez Berzaín era ministro de Defensa cuando se produjeron las protestas lideradas entre otros por Evo Morales, que luego llegaría a ser presidente de Bolivia.
EXTRADICIÓN
El Gobierno boliviano viene solicitando desde el año 2008 la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y de Carlos Sánchez Berzaín, sin embargo, hasta la fecha Washington no se ha manifestado para dar luz verde al trámite o rechazar el mismo.
El pedido oficial de extradición fue presentado por primera vez durante el Gobierno de Evo Morales, en noviembre de 2008, según un recuento de El País de España.
La encargada de Negocios de Bolivia en Estados Unidos de esa gestión, Erika Dueñas, había confirmado que se entregó al Departamento de Estado de Estados Unidos un documento de 2.700 páginas.
El trámite de extradición se inició en Bolivia en septiembre de 2007 cuando el Tribunal Supremo de Justicia ordenó pedir la extradición.
Ramiro Guerrero, quien fungía como fiscal General en 2014, reiteró en julio de ese año ante el Departamento de Estado de EEUU el pedido de extradición del expresidente Sánchez de Lozada y dos de sus exministros, según EFE.
El Gobierno de EEUU ya había rechazado en 2012 ese pedido pero Fernando Díaz, de la Fiscalía General boliviana, explicó que ello ocurrió porque «no se cumplieron algunos procedimientos del tratado de extradición».
El Gobierno de Bolivia quiere juzgar a Sánchez de Lozada y a los exministros de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y de Hidrocarburos, Jorge Berindoagüe, quienes están acusados de cometer una matanza, de homicidio, vejaciones y torturas, lesiones graves, privación de libertad y allanamiento de domicilios.
El pasado 20 de junio, el canciller de Bolivia , Rogelio Mayta, realizó un nuevo reclamo al Ejecutivo de Estados Unidos por no pronunciarse acerca de la solicitud de extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada, según El Deber.
Mayta recordó que en el actual Gobierno se enviaron varias comunicaciones para recordar a EEUU sobre el pedido de extradición y que el Gobierno de ese país debería pronunciarse en algún momento.
El presidente de la Asociación de Familiares Caídos por la Defensa del Gas en 2023, Juan Patricio Quispe Mamani, afirmó que “apuntarán a la extradición de Goni”.
LA MASACRE
Las protestas en Bolivia se iniciaron a mediados de septiembre de 2003 y se intensificaron, según un recuento de BBCMundo, tras el anuncio del Gobierno de Sánchez de Lozada, de exportar gas natural a Estados Unidos a través de Chile.
En ese contexto se hicieron conocer dos observaciones específicas a la intención de exportar gas natural por puertos chilenos, los precios bajos de las ventas y la falta de un plan que abasteciera en primer lugar el mercado nacional.
El hecho que detonó el conflicto fue la muerte de la niña Marlene Rojas, de ocho años, alcanzada por un proyectil en el interior de su hogar, a raíz de un operativo militar al noroeste de La Paz, que resguardaba el paso de cisternas que transportaban combustible.
La muerte de esta niña provocó la reacción de la población alteña con el inicio de protestas, manifestaciones y bloqueos.
Grupos de personas armaron barricadas en diferentes calles y avenidas de La Paz, situación que movió al Gobierno al despliegue de operativos militares con el fin de sofocar las protestas ciudadanas.
La mayor parte de las movilizaciones se concentró en las ciudades de La Paz y El Alto, donde los militares realizaron operativos que se saldaron con la muerte de más de 60 personas y al menos 400 heridas.
CRONOLOGÍA
Estos son algunos de los hechos más destacados de la llamada «Guerra del Gas», según una cronología de la agencia española EFE.
– 15 de septiembre: Campesinos de la zona del lago Titicaca inician un bloqueo de carreteras en contra de la exportación de gas natural a Estados Unidos y para que se atiendan sus demandas sociales y políticas, entre ellas, la puesta en marcha de un amplio plan de desarrollo rural y la exigencia de que el Gobierno se retire de la iniciativa para crear en 2005 el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Los cortes afectan principalmente a las vías que comunican La Paz con Perú.
– 20 de septiembre: Un enfrentamiento entre fuerzas del orden y campesinos concluye con la muerte de un soldado y cuatro civiles, entre ellos una niña de ocho años, en la población andina de Warisata, próxima al lago Titicaca.
– 25 de septiembre: La Central Obrera Boliviana (COB) se suma al conflicto y convoca a una huelga general para el día 29 para exigir la dimisión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, entre otras demandas.
– 26 de septiembre: El Movimiento Al Socialismo (MAS), que dirige Evo Morales, también se une a la protesta.
– 29 de septiembre: Comienza una huelga general indefinida, aunque con seguimiento parcial.
– 30 de septiembre: Miles de personas participan en la ciudad de La Paz en una manifestación en contra de la exportación de gas a Estados Unidos, convocada por la principal confederación sindical, la COB, y secundada por el MAS. Por su parte, el líder de la CSUTCB, Felipe Quispe, insiste en que no dialogará con las autoridades si éstas no acuden a la población agraria de Warisata.
– 3 de octubre: Cultivadores de hoja de coca se suman a las protestas y a los bloqueos de carreteras.
– 6 de octubre: Una multitudinaria manifestación colapsa el centro de La Paz.
– 8 de octubre: Comienza en la ciudad de El Alto un paro cívico indefinido con marchas y bloqueos de carreteras.
– 9 de octubre: En El Alto, dos personas mueren y al menos 16 resultan heridas en una confrontación entre fuerzas del orden y manifestantes (muchos de ellos mineros llegados de Oruro).
– 11 de octubre: El Gobierno ordena el despliegue militar en El Alto, donde se registran otros dos muertos, entre ellos un niño de cinco años.
– 12 de octubre: Una nueva jornada de violencia en El Alto, con choques entre fuerzas del orden y manifestantes, causa, según fuentes oficiales, cinco muertos. Los medios de comunicación locales elevan esa cifra a 26.
– 13 de octubre: El Gobierno aprueba un Decreto Supremo en el que establece que no se venderá gas natural al exterior hasta que no se consulte con la población y los sectores sociales. Pese a ello, la situación se radicaliza con manifestaciones, una huelga de transporte que paraliza la ciudad de La Paz y violentos enfrentamientos que dejan un saldo de, al menos, 14 víctimas mortales, entre ellas, dos soldados.
El vicepresidente Carlos Mesa retira su apoyo al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, aunque se mantiene en el gabinete. Goni rechaza dimitir y acusa a las fuerzas sindicales y sociales de pretender acabar con el régimen democrático e instaurar una dictadura.
– 14 de octubre: La Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de Estados Unidos dan su respaldo a Sánchez de Lozada.
– 15 de octubre: Otros dos mineros mueren en Patacamaya en enfrentamientos con fuerzas del orden.
– 16 de octubre: Sánchez de Lozada ofrece realizar un referendo para el gas y el llamado a una Asamblea Constituyente.
– 17 de octubre: Renuncia Sánchez de Lozada y se va a Estados Unidos, donde recibirá asilo político. Carlos Mesa jura como presidente de Bolivia.
Fuente: Opinión