En los años ´60, se había puesto de moda en las izquierdas radicalizadas de América Latina la crítica de las “formalidades de la democracia burguesa”, como si los procesos electorales y parlamentarios, además de las garantías constitucionales, fueran un simple cúmulo de protocolos prescindibles, que no hacen a la esencia del sistema democrático.
A muchos les costó la experiencia de varias dictaduras militares el empezar a valorar la “democracia formal”, aunque aquella mentalidad, que prefiere una supuesta “democracia popular” amparada en una mayoría circunstancial y que aplasta a las minorías, persistió en otros actores.
Hace algunos años tuvimos las declaraciones disparatadas del entonces presidente ecuatoriano, Rafael Correa, calificando a la alternancia como una “superstición burguesa”. En Bolivia fue Evo Morales, que no es precisamente un lector de Montesquieu, quien afirmó muy suelto de cuerpo que la división de poderes era un “invento del imperialismo norteamericano”.
Lo cierto es que, bajo distintas modalidades, el desprecio hacia las “formalidades democráticas” continúa hoy en día. Una muestra reciente es el receso que el vicepresidente David Choquehuanca procura imponerle a la Asamblea Legislativa Plurinacional, de manera que temas sensibles, como la autoprórroga de los magistrados supremos o el proyecto de Presupuesto General del Estado, corran sin mayor trámite parlamentario.
Lo que hay en Bolivia en la actualidad es un Parlamento tripartito, un nuevo mapa político donde el arcismo no ha tenido la capacidad de buscar acuerdos mínimos con sectores de la oposición (la excepción positiva fue el debate por la Ley del Censo). Ante este encapsulamiento de la bancada oficialista, se dan alianzas contra naturacomo la que unió en el Senado a evistas y opositores.
Mientras tanto, en Argentina soplan otros vientos en lo ideológico, aunque se adivina una tentación parecida respecto a las “formalidades democráticas”. Un extraordinario plan de privatizaciones y desregulaciones, diseñado por el ex titular macrista del Banco Central, Federico Sturzenegger, fue presentado por el presidente Javier Milei bajo el discutible formato de un mega-decreto, que si bien es constitucional, requiere la ratificación por una de las cámaras legislativas.
El tema se complica con otra norma, que le daría al mandatario facultades para legislar durante dos años, algo que no se aleja demasiado de aquellas “leyes habilitantes” que se hizo votar Hugo Chávez.
Esperemos que la nueva administración argentina, que es de coalición, sepa despejar cualquier tentación de hacer un gobierno liberal sólo en lo económico e “iliberal” en lo político-institucional.
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Fuente: Emilio Martínez – publico.bo