Durante la firma de un convenio con productores cañeros de Santa Cruz, el presidente Luis Arce anunció una mayor apertura a la biotecnología en el agro, una medida de liberalización económica que veníamos reclamando desde esta columna con reiteración.
Lamentablemente, el mandatario envolvió el anuncio con los ropajes de una obsoleta ideología cepalina, más propia de hace medio siglo, hablando de “una biotecnología que sea nuestra”, para “romper la dependencia” y, claro, “sustituir importaciones”.
Lo más probable es que ese discurso fuera parte de un marketing interno, para hacer potable la apertura entre sus bases partidarias. En todo caso, lo más simple y ágil sería legalizar los insumos biotecnológicos que ya empezaron a entrar de facto al país, sin perjuicio de que también se impulsen convenios de investigación con las universidades nacionales, sobre todo en edición genética.
La apertura a la biotecnología es clave en varios sentidos: puede implicar un salto cualitativo en la productividad agropecuaria, apalancando mayores exportaciones que capten divisas y alivien la debilitada estabilidad cambiaria; ayudará a los productores a hacer frente a las inclemencias de los fenómenos climáticos; y en lo medioambiental, permitirá que se aumente la producción sin necesidad de expandir la frontera agrícola.
Si este anuncio representa algún giro, siquiera parcial, hacia la racionalidad económica, lo lógico sería seguir con la liberación de las exportaciones, levantando todo el sistema de cupos y prohibiciones, para atraer los dólares que pueden empezar a recomponer las reservas internacionales. Junto con esto, se debería eliminar el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), para reducirle los costos de bancarización de sus dólares a la gente.
No soy demasiado optimista respecto a que se adopten estas dos medidas, pero lo que tal vez pueda ser algo más probable es que se acabe diseñando una normativa antibloqueos carreteros, así sea para neutralizar la capacidad de desestabilización de Evo Morales.
Y no se trata de plantear un escenario de grandes operativos policiales contra los bloqueos (una trampa que podría serle funcional al evismo), sino de implementar severas penas administrativas o multas contra las organizaciones y dirigentes que incurran en esas prácticas, trasladándoles buena parte del perjuicio económico que suelen generar.
Una ley antibloqueos puede ser un instrumento importante para desarrollar el potencial de Bolivia como Hub de integración logística en el centro continental, facilitando la inclusión del país en los grandes proyectos de infraestructura de los corredores bioceánicos.
Fuente: Emilio Martínez – publico.bo