En el reciente aniversario del 21-F, el ministro de justicia Iván Lima propuso que en simultáneo con las elecciones judiciales se realice un referéndum de reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), con el objetivo de explicitar plenamente en el artículo 168 la prohibición de reelecciones presidenciales discontinuas, lo que implicaría el fin definitivo de la carrera de Evo Morales.
Días después, señaló que su idea fue sólo “un ejercicio retórico”, con el propósito de poner en evidencia a los partidarios evistas, y añadió que la sentencia 1010/2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) es suficiente para inhabilitar al ex mandatario.
Sin embargo, entre esos dos momentos había esbozado otros motivos posibles para un referéndum junto a las judiciales, como consultar la propuesta de reforma de la justicia impulsada por el grupo de juristas independientes, o subir el tope de escaños parlamentarios, para ampliar la representación de los departamentos de gran crecimiento demográfico sin crear conflictos interregionales.
No se nos escapan los objetivos políticos de grupo que alentaron esa propuesta (por ahora aparentemente archivada), pero una realpolitik democrática de parte de la oposición o de sectores independientes, que vaya más allá de simples quejas y declaraciones, puede requerir “cabalgar el tigre”: participar en la construcción de nuevos procesos, buscando lo que Carlos Valverde llama en su última columna “un empate virtuoso”, que implica “ser inteligentes para encontrar vasos comunicantes”.
Dentro de la iniciativa que el Comité Pro Santa Cruz ha desarrollado para “replantear las relaciones con el Estado”, se contempla el proyecto (elaborado en base a las ideas de Juan Carlos Urenda) de impulsar reformas parciales a la CPE para profundizar las autonomías, ampliando las competencias de los gobiernos departamentales. ¿Por qué no plantear que esto sea parte de lo consultado en un hipotético referéndum junto a las elecciones judiciales?
Además, si esto es parte de un paquete que bloquee el riesgo de retorno al poder de la peor versión del MAS (Evo Morales), mejore en un sentido meritocrático la selección de altos magistrados a mediano plazo, y facilite la asignación de bancas a los lugares donde efectivamente está la gente, parece una opción bastante racional. En cualquier caso, preferible a andar a los tumbos estratégicos haciendo alianzas contra natura con el evismo.
En cierta forma, eliminar la reelección presidencial discontinua puede ser la manera de dar vuelta a una página histórica y enterrar el “sistema de octubre”, despidiendo a los actores políticos que en el 2003 comenzaron el desmontaje de la estructura republicana de Bolivia.
Fuente: Emilio Martínez – publico.bo