En los últimos días, se ha intensificado la defensa férrea de Evo Morales por parte de varios diputados y sectores afines en el Chapare, quienes han declarado que harán todo lo posible para evitar que el exmandatario comparezca ante la justicia por acusaciones relacionadas con trata y tráfico de adolescentes con fines de explotación sexual. Las amenazas van más allá de la retórica política: líderes y seguidores han afirmado que «incendiarán el país» si Morales es aprehendido, evocando una escalada de violencia si se llega a ejecutar alguna medida judicial en su contra.
Este tipo de respuestas plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza de la lealtad hacia Morales y el control que ejerce sobre regiones como el Chapare. Las amenazas de violencia y el blindaje político no son hechos aislados en la historia contemporánea de Latinoamérica; encontramos paralelismos alarmantes con la protección que las comunidades o grupos de poder han brindado a figuras vinculadas al crimen organizado en otros países, como la mafia siciliana o los cárteles de drogas de México y Colombia.
-La mafia siciliana: el dominio de la omertá
En la Sicilia del siglo XX, la mafia siciliana, conocida como Cosa Nostra, desarrolló un profundo control sobre la población, ejerciendo poder e influencia a través de una combinación de miedo, favores y vínculos económicos. Los líderes mafiosos eran vistos como protectores y, a menudo, más eficaces que el Estado en la provisión de «justicia». La omertá, un código de silencio y lealtad hacia la mafia, significaba que cualquier intento de las autoridades por perseguir a los cabecillas era rechazado violentamente por la comunidad que los amparaba.
El caso del Chapare tiene similitudes notables: Morales ha mantenido una presencia dominante en esta región, que le otorga no solo apoyo político, sino un poder casi intocable. Es importante señalar que el Chapare ha sido descrito como una zona blindada para Morales, donde se impide incluso el ingreso de la policía, consolidando un espacio donde la ley parece no tener alcance. Los anuncios de los diputados y líderes cocaleros de que no permitirán su aprehensión, y la advertencia de movilizaciones masivas y violencia si el proceso judicial sigue adelante, evocan una especie de «omertá política», donde la lealtad se impone sobre el respeto a la ley y la justicia.
-Cárteles de drogas: el poder paralelo en México y Colombia
En México y Colombia, los cárteles de drogas han establecido un poder paralelo al del Estado en ciertas regiones. Los líderes de estos grupos no solo han sido defendidos por sus propios sicarios, sino también por comunidades locales que, en muchos casos, dependen de las actividades ilegales para subsistir o que se benefician de los recursos que estos grupos les proveen. En México, figuras como Joaquín «El Chapo» Guzmán fueron defendidas por sectores de la población que veían en los cárteles un proveedor de estabilidad o incluso justicia, más allá del alcance del gobierno central.
En Colombia, el caso de Pablo Escobar es emblemático: sus acciones criminales fueron legitimadas por sectores de la población gracias a la construcción de viviendas, campos deportivos y la promesa de protección en barrios donde el Estado estaba ausente. El paralelo con la situación de Morales y su influencia en el Chapare es ineludible. Al igual que Escobar, Morales ha cultivado un aura de líder protector y benefactor en la región, donde su presencia no solo es política, sino también económica y social. El hecho de que el Chapare sea una zona de difícil acceso para las fuerzas del orden, sumado a las amenazas de violencia ante cualquier acción judicial, recuerda los territorios donde los cárteles controlan el ingreso y salida de las autoridades, manteniendo un poder casi absoluto.
Y como en el caso de los cárteles, los intentos de someter a Morales a la justicia son percibidos por algunos como una agresión que debe ser repelida con todos los medios posibles, incluidas amenazas de violencia.
-Un delito particularmente sensible
Cabe destacar que el delito por el cual se investiga a Morales tiene una especial gravedad: trata y tráfico de adolescentes con fines de explotación sexual, una violación de derechos humanos de las más atroces. A pesar de la seriedad de estas acusaciones, Morales parece estar acorazado en una región donde los lazos políticos y económicos pesan más que la justicia. En este contexto, las declaraciones de sus defensores adquieren un carácter aún más preocupante. No solo se trata de la protección a una figura política, sino de la complicidad, directa o indirecta, con la impunidad en torno a crímenes que vulneran profundamente la dignidad humana.
-El Estado de derecho y la sombra de la impunidad
Tanto en Sicilia como en México y Colombia, el reto para las autoridades ha sido siempre el mismo: romper el ciclo de lealtad y poder paralelo que estos líderes ejercen. La incapacidad del Estado para imponer el Estado de derecho en regiones controladas por poderes fácticos ha dejado una estela de impunidad que debilita las instituciones y fomenta la corrupción.
El caso de Evo Morales en el Chapare es una prueba de fuego para las instituciones bolivianas. Permitir que las amenazas y la violencia prevalezcan sobre el debido proceso sería una señal alarmante de que el poder político ha sido secuestrado por intereses particulares, y que el Estado de derecho es vulnerable ante líderes que se creen por encima de la justicia.
¿Estamos presenciando un fenómeno de protección criminalizado en Bolivia, similar al de los cárteles y la mafia? Las señales son inquietantes. Cuando la lealtad a un líder político se transforma en una barrera para la aplicación de la ley, el país entero corre el riesgo de caer en un ciclo de impunidad y violencia, del cual es difícil escapar
Fuente: Facebook Nadia Beller