Un joven brutalmente agredido el lunes de Carnaval en el municipio de Robore, está en riesgo de perder la audición tras sufrir la mutilación de parte de su oreja. Según su testimonio, los responsables son dos militares y un civil, pero hasta ahora ninguno ha asumido los costos de la cirugía reconstructiva que necesita con urgencia.
La víctima denuncia que, debido a los vínculos militares de los agresores, estos recibieron detención domiciliaria, pero una de ellas—la mujer que le arrancó la oreja—no respeta la medida y sigue circulando libremente. Mientras tanto, él enfrenta secuelas graves y lucha por acceder al tratamiento médico necesario.
Su madre, residente en Roboré, ha viajado a Santa Cruz para exigir justicia y apoyo para la recuperación de su hijo.
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Fuente: Periodismo Somos Todos