En 72 horas, Ibmetro deberá certificar y definir el laboratorio que se encargará de realizar el estudio de la calidad de agua, posteriormente se notificará a las autoridades correspondientes.
Fuente: ANF
La Paz, Bolivia.-
La Sala Constitucional Primera de La Paz concedió la tutela a la acción popular que presentó la Defensoría del Pueblo sobre la calidad del agua, ordenó que la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) realice un nuevo estudio en un laboratorio certificado por el Instituto Boliviano de Metrología (Ibmetro).
“La determinación ha sido conceder la tutela al Defensor del Pueblo y se ordena que se realice un nuevo análisis del agua, con un laboratorio imparcial. En la audiencia se han presentado los planteamientos de la parte accionante y de los accionados, que en este caso es EPSAS y la autoridad de fiscalización de agua”, informó a la ANF el experto en sistemas de alcantarillado y agua José María Herbas.
La Defensoría del Pueblo presentó una acción popular solicitando que se desarrollen estudios complementarios, que permitan confirmar o descartar los hallazgos de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) respecto a la calidad del líquido vital.
A la vez, Herbas indicó que en 72 horas Ibmetro deberá certificar y definir el laboratorio que se encargará de realizar el estudio de la calidad de agua, posteriormente se notificará a las autoridades correspondientes. Si bien no se definió el plazo en que se debe llevar a cabo el análisis, el juez estableció que debe ser en un tiempo prudente.
También se dispuso que EPSAS asuma medidas preventivas y correctivas de tratamiento del agua, con el fin de que llegue con la mejor calidad posible a la población. Además, que se encontraron deficiencias y algunas omisiones por parte de la empresa.
“Le dice a EPSAS que debe considerar la solicitud del Defensor del Pueblo de asumir medidas preventivas y correctivas respecto a algunas deficiencias en EPSAS. También se ha detectado omisión por parte del operador, es decir que las autoridades deben determinar alguna medida preventiva”, señaló.
El jefe de la unidad de Pueblos Indígenas y la Madre Tierra, Fernando Cuéllar, dijo que en la audiencia se fundamentó que dos informes científicos: de la Alcaldía de La Paz y de la UMSA, daban cuenta de la existencia de cadmio, y bacterias como la E. Coli y amebas en el líquido vital que consumen los paceños.
Ambos estudios fueron realizados en la represa de Hampaturi y en diversos puntos del sistema de distribución de EPSAS. Ambos reportes científicos hacen suponer que las autoridades de las instituciones no estarían cumpliendo con sus funciones.
“Si dos instituciones nos dicen que las cosas no se están haciendo bien entonces apliquemos el principio precautorio, es decir necesitamos evidencia científica, pero de laboratorios independientes que no estén vinculados a las autoridades que están accionadas, porque necesitamos certezas. Si no tenemos esto, estamos ante una latente violación de derechos”, afirmó.
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