Una crisis mal manejada siempre corre el riesgo de convertirse en una verdadera bola de nieve que aplaste no solo a los directamente involucrados en ella, sino también a otros ajenos a su origen o causas. Todo indica que esto es lo que está ocurriendo con la crisis que enfrenta el Colegio Alemán de Santa Cruz de la Sierra, tras un caso de acoso y violencia sexual denunciado inicialmente ante las autoridades del establecimiento y que derivó en una demanda judicial, dada la inacción de las primeras, como lo prueba el curso que ha seguido el caso.
Mal manejo desde el inicio, por lo que se puede deducir ahora, cuando el caso ya trascendió hasta convertirse en un hecho público de alcance nacional. Sobre él se han pronunciado incluso funcionarios del gobierno central, sin contar todos los comentarios compartidos en las redes sociales, afectando no únicamente a los directos involucrados en el caso, sino además a casi toda la comunidad docente-estudiantil, sometida al bombardeo de opiniones de todo calibre y al daño que provoca el estigma de agresores o de agredido.
El error partió de la resistencia de los responsables del colegio a aceptar y procesar la denuncia -en términos coloquiales diríamos “a lavar los trapos sucios dentro de casa”-, empujando a una de las partes a buscar oídas fuera del establecimiento. ¿Qué fue lo que llevó a la dirección hacia ese camino sin retorno? Difícil saberlo, aunque dado lo visto en otros casos similares da para intuir que prevaleció la idea de tratar de negar o tapar un hecho incómodo. Ya ha sucedido en otros casos, como el de COTAS en Santa Cruz o el del Fondo Indígena en La Paz, por citar un par.
El intento de frenar la denuncia aceleró la escalada de un escándalo que afecta ya no solo a la comunidad del establecimiento, sino también a otros actores ajenos al caso, como algunos funcionarios públicos y medios de comunicación, criticados los primeros por filtrar información confidencial y los segundos por exponer públicamente datos de un caso declarado en “estricta reserva”, ya que involucra a menores de edad cuya identidad no puede ser revelada, según dicta la Ley 548 en su artículo 193 inciso d), como acaba de recordarlo la Defensoría del Pueblo.
Errores de inicio que están causando graves daños a los menores involucrados en el caso, cuyas identidades han sido reveladas públicamente por un par de medios de comunicación, acción que afecta no solo la credibilidad de esos medios, sino la del gremio de la prensa en general, y amenaza la vigencia de derechos fundamentales para el ejercicio del periodismo, como son los de la libertad de expresión, libertad de prensa y secreto de fuente. Este último ya bajo presión, según oficio enviado por el juez que atiende la causa, al medio digital que reveló las identidades de los denunciantes, entre estas la del adolescente y las de sus progenitores.
Errores que pueden ser calificados como tales en el caso de la acción o inacción de autoridades, profesionales y algunos padres de familia del colegio, pero que pueden ser tipificados también como delitos, incluyendo aquí a periodistas y medios de comunicación que hayan vulnerado lo establecido en el Código Niña, Niño y Adolescente. Un extremo que debería preocupar a todo el gremio de la prensa, al que le ha costado y sigue costando preservar derechos y libertades conquistados/as a través de duras y largas batallas, y consagrados en la Ley de Imprenta.
Por supuesto que debe preocuparnos, insisto en remarcar, porque de la vigencia de esa ley que nos ampara depende nuestra libertad para seguir ejerciendo como periodistas y trabajadores de la prensa. Una preocupación que debe incluir la tarea de asegurar también el cumplimiento de los mandatos éticos que rigen nuestro oficio, no siempre observados como corresponde. Un incumplimiento imperdonable entre quienes asumimos el compromiso de buscar y revelar la verdad, sin caer en maniqueísmos y presiones de quienes quieren ocultarla o manipularla.
Reviso otra vez lo ocurrido tras las primeras revelaciones del caso que nos ocupa hoy y no puedo sino recordar una frase leída hace poco en un extenso documento publicado por Daisaku Ikeda, presidente de Soka Gakkai Internacional, titulado “Transformar la historia humana: un haz de luz hacia la Paz y la Dignidad”. Preocupado en impulsar una propuesta de paz, Ikeda rescata entre otras frases una de Izumi Nakamitsu, Alta Representante de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme.
“Eventos aparentemente poco probables pueden, sin previo aviso, convertirse en un problema real, de efectos globales catastróficos”, dice Nakamitsu al reflexionar sobre la pandemia del COVID-19 y su impacto global. Es lo ocurrido en este caso que bien pudo ser resuelto “lavando los trapos sucios en casa”, pero que se ha convertido en una verdadera bola de nieve que sigue creciendo y que amenaza con provocar más daños que los ya anotados, causando más víctimas que las ya señaladas. Que la verdad no sea otra víctima. Que la ética también sobreviva.
Maggy Talavera
Fuente: eju.tv