El Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del 188º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) participó de la audiencia temática general y publica sobre el acceso a la justicia e independencia constitucional.
La Delegación de Bolivia estuvo conformada por los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, el Presidente Paul Franco, Karem Gallardo, Gonzalo Hurtado, y Petronilo Flores, el Representante Permanente de Bolivia ante la OEA, Embajador Héctor Arce Zaconeta, y la Directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, Jhanneth Bustillos.
El Embajador Arce aclaró a los presentes que esta audiencia fue convocada para una temática especifica con la que el Estado fue notificada estrictamente relacionada a la ineficacia de las acciones de inconstitucionalidad abstracta, para lo cual se ha invitado a los actores directos en su calidad de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, ello no tiene vinculación con ningún caso concreto relativo a vulneración de derechos humanos por parte del Estado Plurinacional de Bolivia.
Durante la audiencia el Estado expuso el pleno respeto y garantía a los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política del Estado y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que conforman el Bloque de Constitucionalidad; entre estos, a las garantías judiciales establecidas en los Artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Desde la asunción del Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, se ha priorizado las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (“GIEI”), el Informe del Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán y las Observaciones Preliminares de la visita in loco de la CIDH a Bolivia, realizada del 27 al 31 de marzo de 2023, documentos que entre otros aspectos, promueven el fortalecimiento del acceso a la justicia e independencia judicial en nuestro país.
De manera técnica y jurídica el Tribunal Constitucional Plurinacional demostró que no existe restricción a la jurisdicción constitucional y que las decisiones que se toman están enmarcadas en la ley y la Constitución Política del Estado.