En el escenario político departamental, la judicialización de la política ha vuelto a ocupar titulares con el reciente caso protagonizado por Aguilera y sus asambleístas aliados. La trama se teje alrededor de un plan por parte de Aguilera y sus asambleístas para arrebatar la jefatura de bancada y la presidencia de la Asamblea Legislativa Departamental a los Camachistas. Sin embargo, antes de que esta maniobra se concrete, surge una denuncia del Viceministerio de transparencia contra Camacho y su equipo, acusándolos de falsedad material, ideológica e incumplimiento de deberes por documentación que supuestamente fue firmada por Camacho en la “ciudad de Santa Cruz” cuando éste se encontraba recluido en Chonchocoro (la notario que da fe de que es la firma de Camacho, afirma que la documentación fue mandada a Chonchocoro y que esto simplemente se trata de un error de typeo)
Esta táctica, reminiscente del estilo del MAS , ha generado críticas y cuestionamientos sobre el uso de las instituciones judiciales con fines políticos. ¿Es esta denuncia un genuino acto de justicia o una estrategia para mantener una presión constante sobre los adversarios políticos?
Cabe resaltar de que no existe forma de que Camacho haya falsificado su propia firma, así que en lo que a él refiere, esto es una clara persecución política.
La reacción de los actores políticos ante esta estrategia es reveladora. Efrain Suárez, líder de la directiva de Creemos, ha adoptado una postura de aparente temor, sin mostrar un respaldo directo como correspondía a Paola Aguirre o a Zvonko ante el despojo de sus cargos. Por otro lado, Camacho ha sido enérgico al denunciar posibles pactos de gobernabilidad entre Aguilera y el MAS, lo que ha provocado una revancha inmediata por parte de Aguilera anunciando su adhesión a la denuncia antes mencionada contra Camacho.
La esencia de la controversia no reside únicamente en errores de tipo técnico o formal, como el papel de una notaria gubernamental en la validación de documentos que no le constan que fueron firmados por Camacho. Más bien, lo preocupante es el criterio de oportunidad utilizado para presentar estas denuncias, que sugiere un posible intento de silenciar al adversario político mediante amenazas legales. Esto no solo pone en entredicho la imparcialidad y objetividad del sistema judicial, sino que alimenta las acusaciones de Camacho sobre un supuesto pacto entre los seguidores de Aguilera y el MAS, partido que ostenta el monopolio judicial en el país
En resumen, el caso Aguilera subraya los desafíos y riesgos asociados con la judicialización de la política. Si bien es fundamental garantizar la transparencia de los documentos públicos, el uso indebido de las instituciones judiciales con fines partidistas puede minar la confianza en el sistema y alimentar la percepción de un sistema judicial politizado. Es necesario mantener un equilibrio para evitar que la judicialización se convierta en una herramienta de manipulación política y se desvíe de su propósito original de asegurar la justicia y el Estado de derecho.
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