Las recientes declaraciones del general Zúñiga han generan preocupación. Sus amenazas y pretensiones de deliberar sobre asuntos políticos no solo son inapropiadas, sino que violan principios fundamentales de nuestra Constitución, los reglamentos militares y resoluciones de organismos internacionales.
-Primero, ningún militar tiene el derecho de amenazar con el uso de las armas a un ciudadano, menos aún si porta uniforme y habla en nombre de la institución. La Constitución Política del Estado, en su artículo 15, garantiza el derecho a la vida y a la integridad física. Amenazar a un ciudadano contraviene estos derechos fundamentales y mina la confianza pública en las Fuerzas Armadas, cuya misión es proteger a la ciudadanía, no intimidarla.
-En segundo lugar, la Constitución es clara: las Fuerzas Armadas no pueden deliberar. El artículo 245 establece que «Las Fuerzas Armadas no deliberan ni forman parte de los órganos políticos deliberantes ni del poder político.» Esto significa que ningún militar puede decidir quién puede o no ser candidato, ya que estas decisiones corresponden exclusivamente a las instancias electorales y judiciales.
-El derecho a la protesta es un pilar de la democracia. El artículo 21 de la Constitución garantiza la libertad de expresión y el derecho a reunirse y protestar pacíficamente. “Detener” a un ciudadano por ejercer este derecho es un abuso de poder y una violación de derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 21, establece que «se reconoce el derecho de reunión pacífica.» Los reglamentos militares bolivianos prohíben la intervención de las Fuerzas Armadas en protestas civiles, salvo en situaciones excepcionales y siempre bajo la orden de autoridades civiles.
-Finalmente, las Fuerzas Armadas no tienen la potestad de deliberar sobre el federalismo o la gestión de recursos estratégicos. Las decisiones sobre la organización del Estado y la gestión de recursos estratégicos corresponden a los órganos del poder ejecutivo y legislativo (democracia representativa), como así también a la sociedad civil a través de el referéndum (democracia directa) y la Asamblea Constituyente, el debate es legítimo y bajo ningún criterio amenaza a la integridad del estado, ningún militar puede prohibirlo, impedirlo o limitarlo. El exabrupto de Zúñiga de creer que la investidura militar constituye en un freno para la libre determinación de estos asuntos, sólo denota su paupérrima formación que contrasta con su bajo nivel académico.
Recordarle que la Carta Democrática Interamericana, refrendada por el Estado, afirma en su artículo 4 que «la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida» es fundamental para la democracia.
No se trata de que el amenazado sea Evo Morales o cualquier otro individuo específico; se trata del respeto a los límites de las atribuciones militares y a los derechos de todos los ciudadanos.
En una democracia, no se gobierna con la bota y el fusil, sino con el respeto a la ley y a los derechos ciudadanos. Las declaraciones del general Zúñiga ameritan su destitución y un proceso disciplinario, para devolver la seguridad a la ciudadanía en el estado de derecho y para recordarles a los militares que la obediencia y la no deliberación son principios inviolables para nuestras Fuerzas Armadas.
ppDRtv
