“Los pueblos que olvidan sus desgracias e infortunios, pierden la conciencia de sus destinos”, decía el presidente argentino Nicolás Avellaneda, y es una gran verdad, ya que las naciones fuertes y dignas siempre se han construido sobre el aprendizaje de las grandes lecciones que dejan las tragedias y desgracias vividas. Quizá el ejemplo más grande de este hecho es Europa misma, que después de la Segunda Guerra Mundial supo encontrar un destino de paz, reconciliación y unidad.
En nuestro país, lamentablemente, a lo largo de nuestra historia, tuvimos una fuerte tendencia a olvidar los hechos luctuosos que nos han marcado; tenemos una suerte de impunidad constante con relación a las grandes violaciones de derechos humanos que se han cometido a lo largo de nuestra historia.
Fue una excepción a esta regla la aprobación legislativa del juicio de responsabilidades contra Luis García Mesa, en febrero de 1986, por parte del Congreso Nacional instaurado el año 1985, y el juicio mismo que llevó adelante la extinta Corte Suprema de justicia, que dictó sentencia el 21 de abril de 1993.
Este histórico proceso tuvo como resultado que la memoria de cientos de personas asesinadas sea respetada, le dio a la nación boliviana el derecho a conocer la verdad de lo que realmente ocurrió en la dictadura de 1980, e hizo un mínimo de justicia con las víctimas de este episodio negro de nuestra historia.
Ya instaurada la democracia, a partir de octubre de 1982, ocurrieron grandes violaciones de derechos humanos, cuando menos en dos oportunidades: octubre de 2003 y noviembre de 2019.
Y estos hechos, que además sobrevinieron de la interrupción del orden constitucional, hasta la fecha no encuentran la tan anhelada justicia. Los seres humanos, las personas que perdieron la vida en estos hechos, no son números, no podemos simplemente decir: “En octubre de 2003 murieron más de sesenta personas en El Alto y en noviembre de 2019 más de treinta personas, en Sacaba, Senkata, el Pedregal y Montero”.
Cada persona, cada hombre o mujer, que perdió la vida es la razón de la existencia del Estado. Quizá sobre esto valga la pena recordar la frase acuñada en el Imperio Romano, que en la cima de su poder y desarrollo, durante el mandato del emperador Trajano, sostenía:
“Roma vale la vida de un hombre”. En definitiva la vida de las personas y su protección es la máxima función de la sociedad jurídica y políticamente organizada, esta regla no debe exceptuarse jamás.
Lamentablemente, la justicia boliviana, durante la interrupción del orden constitucional, se mostró genuflexa y servil a la prepotencia y arbitrariedad de quienes, marcados por el odio y la irracionalidad, gobernaron un año de sombras y tristezas para la nación boliviana; usaron y abusaron de la tan temida “detención preventiva”, castigando a mucha gente absolutamente inocente; perseguidos políticos que siguen esperando la aprobación de una amnistía constitucional.
Por lo tanto, el descrédito de nuestra justicia marca una sombra de poca garantía para una investigación imparcial y objetiva. Quizá la solución sea hacer lo que otras naciones hicieron cuando enfrentaron los mismos problemas y las mismas carencias: construir una verdadera comisión de memoria, verdad y justicia que, a la luz del derecho, la razón y el debido proceso, sobre las bases de la investigación de la GIEI – CIDH, cuyo trabajo, que está aún en curso, genere las luces para el esclarecimiento definitivo de los hechos.
Finalmente, la nación boliviana fue víctima del accionar político del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, quien, utilizando una institución creada para defender la democracia en las Américas, usando la Carta Democrática, que es justamente el instrumento de defensa de la democracia en la región, más bien provocó un quiebre constitucional en Bolivia.
Por respeto a nosotros mismos, nuestro país debe impulsar una profunda investigación íntegramente jurídica de su accionar en el caso boliviano y debe sentarse un precedente histórico para que nunca más a ninguna nación le ocurra lo que le ocurrió a Bolivia.
El llevar al Secretario General a la justicia internacional o, en última instancia, utilizar los mecanismos de la propia organización, como el Tribunal Administrativo de la Organización de Estados Americanos, es también parte de una lógica de preservar la memoria, conocer la verdad de lo que realmente pasó y, sobre todo, hacer justicia; no con la idea de castigar a nadie, más bien con la idea de que lo que ocurrió en nuestra patria no vuelva a pasar nunca.
Héctor Arce Zaconeta es abogado, fue Procurador del Estado y Ministro de Justicia.
Fuente: Detrás de la Verdad