Ayer, martes 17 de agosto, participamos de la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales – GIEI, que se realizó en el Banco Central de #Bolivia.
En este informe se confirma lo que el pueblo boliviano ha sostenido durante todo este tiempo, que durante el Golpe de Estado y la gestión del gobierno de facto, en nuestro país hubo masacres, ejecuciones sumarias y otras graves violaciones a los derechos humanos.
El Decreto Supremo N° 4078 de Añez y su gabinete, dio vía libre a la represión del pueblo boliviano eximiendo de responsabilidades a las Fuerzas Armadas. Cuando este decreto de la muerte se abrogó, por la presión interna y externa, las masacres de Sacaba y Senkata ya se habían consumado.
La masacre de Senkata con 10 víctimas fatales y 78 heridos de bala, fue «justificada» por el gobierno de facto con la infame mentira de que los manifestantes pretendían hacer volar la planta de gas en El Alto. La investigación del GIEI demostró que no se encontró ninguna evidencia que respalde aquello.
Por otro lado, se constataron graves casos de violencia en razón de género, mujeres aprehendidas fueron sometidas a vejaciones sexuales por parte de agentes policiales, se las obligó a desnudarse y fueron brutalmente humilladas, agredidas y golpeadas. La violencia machista normalizada por el sistema patriarcal, se agudizó en los casos de mujeres indígenas originarias campesinas.
El informe establece que en este periodo hubo un despliegue de acciones violentas con alto contenido racista. Varias aprehensiones indican discriminación racial, con la humillación de los detenidos debido a sus rasgos fenotípicos asociados al origen indígena.
La violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo a las mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas y humilladas, debe ser reconocida y los responsables, sancionados.
Se vulneró sistemáticamente el derecho a la presunción de inocencia, se detuvieron, procesaron y en muchos casos encarcelaron a personas incluso por brindar asistencia médica a heridos, por su vestimenta, apariencia o rasgos faciales, así como por realizar publicaciones en redes sociales.
Respecto a la ruptura del orden constitucional, el informe señala claramente la vía de sucesión presidencial establecida en nuestra Constitución Política del Estado – CPE, así como también indica que no había el quórum correspondiente cuando Añez se proclamó presidenta del Senado, y más adelante, también sin el quórum requerido en la Asamblea Legislativa Plurinacional repetiría la acción, proclamándose presidenta «transitoria» del Estado.
Luego se traslada al Palacio de Gobierno y la banda presidencial se la coloca un militar quien también le entrega el bastón de mando. Se vulneró la CPE, las leyes vigentes y los reglamentos legislativos, es el mensaje que publicó la ministra de la Presidencia, Maria Nela Prada en sus redes sociales.
Fuente: Detrás de la Verdad