Hoy me reuní con el relator de la ONU, Diego García-Sayán, a quien pude exponerle un informe del estado actual de la democracia en Bolivia en el que queda claro que la independencia de poderes hoy por hoy es inexistente, que la justicia está sometida al partido político de turno y que la violación a los derechos humanos se ha convertido en una práctica habitual.
Desde el 2006, el masismo implementó una serie de medidas que fueron tejiendo un sistema judicial que somete a todo aquel que piensa distinto. Un sistema que actúa políticamente robándole el derecho a la legítima defensa y el debido proceso a aquellos que no comulgan con el partido de gobierno y dándole privilegios e impunidad a los que están dispuestos a pasarse a filas azules.
En el diálogo que tuvimos, pedimos al relator que resalte en su informe la situación de violencia que generan grupos armados en los avasallamientos de tierras en nuestro departamento, que causaron la muerte del indígena chiquitano Lino Peña. También pedimos que se pronuncie sobre casos gravísimos como el de la expresidenta Jeanine Añez, el actual presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, el expresidente de Comité Cívico de Potosí, Marco Pumari, los activistas de la Resistencia Cochala, policías, militares y ciudadanos de a pie que hoy están tras las rejas, silenciados por un gobierno que no respeta las diferencias y al que no le gusta que la democracia y la libertad se defiendan.
Fuente: Detrás de la Verdad