Alcaldesas, concejalas y asambleístas del país plantearon la creación de instancias de atención y seguimiento a casos de acoso y violencia política y la creación de comisiones de ética en las asambleas departamentales y concejos municipales.
La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Dina Chuquimia dijo este jueves que esos dos elementos forman parte de las conclusiones de la Cumbre Nacional contra el Acoso y la Violencia Política que se desarrolló ayer, en la ciudad de La Paz, con el ente electoral como organizador.
Chuquimia agregó que la formulación de protocolos de atención a víctimas de la violencia política y la capacitación a las autoridades como mecanismo de prevención son también demandas de las representantes electas que están vinculadas a la Ley 243.
Esa norma tiene la finalidad de establecer mecanismos de prevención, atención, sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y violencia política hacia las mujeres.
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“Durante la Cumbre se ha advertido que no hubo seguimiento a la Ley 243”, señaló y agregó que en el último año el TSE registró la renuncia de 185 autoridades electas y que al menos 30 de ellas están relacionadas con la violencia política.
“Ahora toca al TSE pensar en qué mecanismos se pueden hacer para que los procesos en la Fiscalía sean ágiles en su resolución y no se demoren años de años, porque la justicia debe ser ágil y oportuna para las autoridades electas”, señaló.
Durante la Cumbre, que se desarrolló con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se pidió revisar los vacíos en las rutas de prevención, atención y sanción al acoso y la violencia política, e incluir en esta revisión el tema digital a través de redes sociales y plataformas de mensajería.
También se recomendó la coordinación interinstitucional e intergubernamental con la sociedad civil para abordar el tema del acoso y la violencia política, y la posibilidad de
Para viabilizar todas las propuestas se firmó un convenio interinstitucional entre el Tribunal Supremo Electoral, los ministerios de la Presidencia, de Justicia y de Gobierno, además de la Defensoría del Pueblo, la Asociación de Mujeres Asambleístas Departamentales (AMADBOL) y la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL).
Fuente: ABI