Sin fecha y con estrategias dilatorias
La semana anterior comenzó con el paro departamental en Santa Cruz, muy contundente en la capital cruceña a pesar de las versiones gubernamentales. La potencia de la medida determinó que la polémica se siguiera proyectando a nivel nacional, con reuniones en Cochabamba y La Paz.
En la primera, los comités cívicos de ocho departamentos decidieron dar 10 días de plazo para la abrogación del decreto que postergó el Censo, mientras que en la segunda los alcaldes de 11 ciudades hablaron del tema con el presidente Arce. El gobierno no insistió en una fecha concreta y ofreció formar las tradicionales “mesas técnicas de diálogo”, recurso de manual para dilatar los conflictos.
La actuación en La Paz del alcalde cruceño, Jhonny Fernández, motivó reacciones acaloradas durante una reunión posterior del Comité Impulsor del Censo en Santa Cruz, más aún cuando el burgomaestre se declaró contrario a la realización de un nuevo paro. Poco antes, había renunciado su secretario de autonomía, José Luis Santistevan, “cerebro” de varias iniciativas interesantes en materia jurídica.
Dos ex rectores de la UAGRM que estuvieron ligados al MAS, Jerjes Justiniano y Reymi Ferreira, se pronunciaron sobre el tema censal. Justiniano dijo que “si no hay acuerdo, el paro debe ser el doble para que no pisoteen a Santa Cruz”, en tanto que Ferreira remarcó que “no es creíble que un Censo deba tener tantos años de planificación”.
Por su parte, el presidente cívico cruceño, Rómulo Calvo, dijo que “para bajar la presión se debe anular el decreto”, único marco que daría confianza para que el diálogo técnico pueda ser algo más que una simple estrategia dilatoria.
Satuco vs Copa
Otro eje que acaparó titulares en los medios durante la semana fue la polémica entre la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, y el viceministro de coordinación y gestión gubernamental, Gustavo Torrico, quien le había faltado el respeto públicamente, tildándola de “loca”.
Copa inició acciones judiciales y señaló que “en el MAS hay gente machista, discriminatoria y racista”. Varias voces dentro del oficialismo comenzaron a sugerir el alejamiento del cargo de Torrico, quien terminó por pedir disculpas, aunque la alcaldesa indicó que seguirá con el proceso “para sentar precedente”.
Lo cierto es que la designación del problemático “Satuco” como viceministro parece haber sido un error importante, al generar cortocircuitos con una de las principales aliadas territoriales del gobierno, demostrando el alto costo que tiene para la administración de Arce el seguir los consejos del ala dura del masismo.
Firmas para reformar la justicia
El grupo de juristas independientes que encabezan Juan del Granado y José Antonio Rivera inició la recolección de firmas para impulsar un referéndum de reforma a la justicia, apuntando a la selección meritocrática de los postulantes a magistrados.
El proceso tendrá varios filtros, como el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional Plurinacional, donde es previsible que el partido azul mueva influencias para tratar de desactivar la eventual consulta popular.
Mientras tanto, el decreto 4757 sobre “colaboradores eficaces” aumentó las facultades del ministro Iván Lima para inmiscuirse en los juicios, llevando a que un diputado de oposición lo calificara como el “zar de la justicia”.
Revelaciones sobre el 2019
La conocida verborrea de Evo Morales derivó en algunas revelaciones que afectan a la narrativa victimista del oficialismo sobre el 2019. En el documental “Noviembre Rojo”, el ex mandatario confesó los planes violentos que barajaba junto a Álvaro García Linera y Juan Ramón Quintana, para retomar la “Casa Grande del Pueblo” o bien para seguir gobernando desde El Alto, convirtiéndolo en su búnker.
En las reuniones se habría evidenciado la resistencia de varias organizaciones sociales al plan, que acabó desbaratado cuando el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, pidió a través de los medios de comunicación la renuncia de Morales a la presidencia.
Fuente: Emilio Martínez – publico.bo