La Paz, 07 de septiembre de 2022 (ABI). – El gobernador de Tarija, Óscar Montes, se “está desdiciendo de su palabra” sobre el respeto al estudio del campo compartido con Chuquisaca Margarita-Huacaya y por “sus errores”, como la contratación para el seguimiento de este estudio de la empresa que trabajó con el gobierno de facto de Jeanine Áñez en la cuestionada octava adenda de gas con Brasil, alienta un paro.
La posición la expresó el coordinador Gubernamental, Marcelo Poma, quien recordó que Montes, junto a asambleístas departamentales y la misma dirigencia cívica que ahora llama al paro, se reunió en Camargo con el gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, y acordaron respetar el resultado del estudio encargado a una empresa internacional de trayectoria.
“Ambos dijeron públicamente y con brindis de por medio que iban a respetar el resultado, pero ahora, lastimosamente, el gobernador Montes se está desdiciendo de su palabra, para que se cree un estado de convulsión y caos en el departamento, una vez conocido los estudios. Obviamente Condori le está demandando a Montes cumplir su palabra”, afirmó en Bolivia Tv.
En Tarija se convocó para este miércoles a un paro en rechazo a los resultados del estudio, pese a que se confirmó que el Factor de Distribución de los reservorios del campo Margarita-Huacaya permitirá incrementar las regalías del departamento de Tarija de $us 59,41 millones en 2021 a cerca de $us 63 millones en 2022.
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La consultora DeGolyer and MacNaughton Corp. determinó que el 53,18% del reservorio compartido H1b+H1c+Icla B del campo Margarita-Huacaya pertenece al departamento de Chuquisaca y el restante 46,82% a Tarija, mientras que 79,20% del reservorio H2 corresponde a Tarija y el 20,80% a Chuquisaca.
Poma reveló que la gobernación de Montes contrató para el seguimiento de este estudio a la misma firma que trabajó en el gobierno de Áñez para la octava adenda con Brasil, que le representó importantes pérdidas económicas a Bolivia.
“La Gobernación contrató una consultora para hacer seguimiento a los estudios y resultó ser la misma que firmó la octava adenda con Brasil, en el golpe de Estado de Áñez”, aseguró y denunció que esa empresa no es seria y tiene procesos legales.
Además, cuestionó que en la estructura de la gobernación no exista una Secretaría de Hidrocarburos y esa falencia sea subsanada con la Secretaría de Medio Ambiente con personal con poca experiencia.
El gobierno del presidente Luis Arce logró renegociar el contrato de la octavo adenda de venta de gas con Brasil y consiguió ingresos adicionales de $us 200 millones, con una proyección de más de $us 1.000 millones hasta 2025.
Cc/Mac
Fuente: ABI