La Paz, 19 de septiembre de 2022 (ABI).- A tiempo de destacar que Bolivia reconoce y garantiza los derechos de todos los ciudadanos, el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, dio cumplimiento a uno de los puntos establecidos en el Acuerdo de Solución Amistosa logrado con la familia de Marcela Alejandra Porco (+) cuyos derechos humanos fueron violados mientras estuvo recluida en el país hace 28 años.
“El Estado boliviano es consciente que el reconocimiento de responsabilidad por la violación de los derechos humanos de Marcela Alejandra Porco (+), mientras estuvo recluida en una cárcel boliviana, es fundamental para el restablecimiento de la dignidad de la víctima; así como, de su familia”, señaló Chávez, citado en un boletín de prensa.
Las afirmaciones fueron realizadas en el marco del Acto de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional dentro del caso 11.426, Marcela Alejandra Porco, cumplido en instalaciones de la PGE en la ciudad de El Alto en la modalidad virtual y que contó con la participación, de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como el Comisionado Joel Hernández García. Relator para Bolivia, la hija de Marcela Alejandra Porco, Antonela Grissi y autoridades bolivianas relacionadas a la temática.
El procurador indicó que Bolivia es un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de dignidad, solidaridad, armonía y donde predomina la búsqueda del vivir bien con respecto a los derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, los Convenios y Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
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En palabras de circunstancia y visiblemente emocionada, la hija de Porco agradeció la predisposición del gobierno boliviano y de la PGE para restituir los derechos de su madre y, lo más importante, adoptar medidas de no repetición para que esta clase de abusos no se reiteren.
Porco fue detenida el 2 de junio de 1994 en el aeropuerto de Santa Cruz, bajo el cargo de transporte de cocaína para luego ser recluida en el Centro de Rehabilitación “Palmasola Mujeres” en inadecuadas condiciones de detención.
Sus familiares denunciaron el hecho ante la CIDH, instancia que emitió el Informe de Admisibilidad, lo que habilitó al Estado iniciar un proceso de negociación hasta que el 17 de marzo de 2022, se llegó a un consenso de contenido del Acuerdo de Solución Amistosa que incluye medidas de satisfacción, de no repetición y una compensación económica.
Acuerdo logrado entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la familia Porco con la colaboración de la CIDH.
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Fuente: ABI