Desabastecimiento de combustibles
Sin duda, el gran tema de la semana ha sido la “guerra económica” impulsada por el gobierno central contra el modelo productivo cruceño. Esto ha incluido el desabastecimiento de combustible, a raíz de los cercos a cargo de las bases del partido oficialista, ante la pasividad de las autoridades estatales.
De acuerdo a un comunicado de Asosur conocido el sábado, el 99% de las estaciones de servicio en Santa Cruz de la Sierra estaban sin combustible y lo mismo sucedía en el 85% de las estaciones provinciales.
Toma de empresas privadas
La estrategia de asfixia económica a Santa Cruz, en represalia por el movimiento en favor del Censo 2023, ha tenido una de sus peores expresiones en las “tomas” de empresas privadas por las mencionadas bases oficialistas, afectando a firmas como Sogima, PIL, Cemento Warnes, Aceite Fino, Sobolma, Cuba libre, Industrias Venado, Procesabol y Totalpec.
A esto hay que sumar el vandalismo contra el edificio de Saguapac y las amenazas de “nacionalizar” las cooperativas cruceñas, proferidas por legisladores del Movimiento Al Socialismo.
Suspensión de exportaciones
El ataque directo, donde el gobierno nacional no puede esconder la mano, fue la suspensión de exportaciones a la soya y sus derivados, la carne y el azúcar, con el pretexto de “asegurar el abastecimiento interno”.
El argumento es falaz, en cuanto los exportadores pasan por un proceso de licencia previa, donde se verifica que antes hayan abastecido a la demanda doméstica.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) señaló que “restringir las exportaciones en un país que necesita ingresar divisas no tiene sentido”, mientras que el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) cuantificó en 7 millones de dólares por día las pérdidas con esa medida.
El viernes, en medio de maniobras para que Santa Cruz aceptara integrar una mesa técnica inclinada hacia el Censo 2024, se levantó la suspensión para la soya, quedando aún en vigencia para la carne y el azúcar.
Corte de gas al Parque Industrial
Otro capítulo de la “guerra económica” fue el corte del gas al Parque Industrial de Santa Cruz. El presidente de Cainco, Fernando Hurtado, dijo que “mientras nos hablan bonito en nuestra fiesta (24 de septiembre), las hostilidades entran a una nueva dimensión. En septiembre vienen a la fiesta y en octubre nos cortan el gas y nos cercan. (…) Sin gas no se puede garantizar la cadena de frío de alimentos y medicamentos que salen de Santa Cruz para Bolivia. No entienden que cortar el gas es un delito penado por ley”.
Por su parte, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, reconoció el corte de suministro de gas en el Parque Industrial, pero alegó que “fue programado”.
Acuerdo con cooperativistas auríferos
Mientras incrementaba acciones de restricción contra Santa Cruz, el gobierno cedía frente a los mineros auríferos que convulsionaron la ciudad de La Paz, accediendo a limitar su tributación a un 4,8%. Al mismo tiempo, se derogó el decreto que establecía el traspaso de utilidades de las empresas estatales a la Gestora Pública de pensiones.
Todo indica que lo que le “mueve el piso” al gobierno es la inestabilidad en su sede central.
Fuente: Emilio Martínez – publico.bo